El asesinato de 13 trabajadores en un socavón de la provincia de Pataz ha puesto en evidencia no solo el poder de las redes criminales vinculadas a la minería ilegal, sino también la limitada capacidad de respuesta de las autoridades regionales ante una crisis de seguridad que lleva años en crecimiento.
A través de un comunicado, el Gobierno Regional de La Libertad expresó su “profundo dolor e indignación” por la masacre y pidió al Poder Ejecutivo el despliegue inmediato de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para garantizar el orden en la zona.
“Nos aunamos al inmenso dolor de las familias de las víctimas. Esta tragedia enluta a nuestra región y al país”, señala el documento. Sin embargo, la declaración llega luego de una inacción prolongada frente a alertas previas sobre el control territorial de mafias en Pataz.
El Gobierno Regional también demandó al Ministerio Público y al Poder Judicial una respuesta firme y rápida para identificar y sancionar a los responsables, y propuso que el Ejecutivo evalúe declarar el Estado de Sitio en la provincia.
Aunque el pronunciamiento es contundente en su mensaje, diversos sectores han cuestionado que el Gobierno Regional no haya actuado con anticipación, pese a las constantes denuncias sobre presencia de minería ilegal y violencia en la zona. La respuesta ha sido, hasta ahora, principalmente declarativa.
Finalmente, la autoridad regional anunció que brindará apoyo legal, psicológico y económico a los deudos, y prometió que no abandonará a las familias afectadas. “No permitiremos que el miedo ni la violencia se impongan en nuestra tierra”, afirma el comunicado.
La ciudadanía espera que estas palabras se traduzcan en acciones concretas, más allá de comunicados, para evitar que nuevas tragedias como esta sigan ocurriendo en La Libertad.
