En una nueva ofensiva contra la minería ilegal en Perú, la Policía Nacional del Perú (PNP), en estrecha coordinación con la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, ejecutó un importante operativo en la provincia de Palpa, región Ica, logrando la interdicción de bienes e insumos mineros valorizados en más de S/144 millones. La intervención, desarrollada el martes 22 de julio, forma parte de la estrategia nacional para combatir este delito que degrada el medio ambiente y fomenta la economía informal.
La acción fue liderada por la Dirección de Medio Ambiente de la PNP, bajo el marco del Decreto Legislativo N.º 1100, norma que regula la intervención contra actividades mineras ilegales. El despliegue movilizó a más de 300 agentes policiales, 25 vehículos y representantes del Ministerio Público, en una operación cuidadosamente planificada.
Una operación estratégica para frenar el daño ambiental
La zona intervenida se ubicaba en el margen derecho del cauce del río Vizcas, en el distrito y provincia de Palpa. Allí, las autoridades identificaron diversos socavones y estructuras clandestinas utilizadas para la explotación, extracción y beneficio de minerales metálicos, sin ningún tipo de autorización o certificación legal.
Durante la operación se incautaron herramientas propias de esta actividad, incluyendo material explosivo, maquinaria pesada, mineral en bruto y campamentos acondicionados para el trabajo minero. Todo esto fue verificado por representantes del Ministerio de Energía y Minas, quienes corroboraron su uso en actividades ilegales.
“Esta intervención se realizó en cumplimiento estricto del Decreto Legislativo 1100, que nos faculta a destruir bienes que faciliten la minería ilegal”, señaló un vocero policial.
¿Qué impacto tiene la minería ilegal en zonas como Palpa?
La minería ilegal no solo afecta la economía formal, sino que también representa una grave amenaza para la salud pública, el medio ambiente y los derechos de las comunidades locales. En regiones como Palpa, estas actividades generan contaminación de suelos y aguas, deforestación, alteración de ríos y deterioro de la biodiversidad.
¿Cuánto más daño debe hacerse al ecosistema para que se entienda la magnitud del problema? Esa es una de las preguntas que surge a raíz de este tipo de operativos, donde se evidencia la escala industrial que ha alcanzado esta economía ilícita.
Según la Fiscalía Especializada, los daños ambientales en la zona podrían tardar décadas en ser reparados, afectando no solo la sostenibilidad ecológica, sino también el acceso al agua potable y el desarrollo agrícola de la región.
Coordinación interinstitucional y firmeza legal
El éxito de esta operación en Palpa, Ica, radica en la articulación entre la PNP, el Ministerio Público y el Ministerio de Energía y Minas, con el respaldo legal del Decreto Legislativo 1100, que autoriza el decomiso y destrucción inmediata de bienes relacionados con actividades mineras ilegales.
Participaron tres fiscales adjuntos provinciales de la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental, junto con funcionarios de la Dirección General de Formalización Minera. Esta acción conjunta permitió realizar un reconocimiento técnico y jurídico del material hallado, confirmando su vinculación directa con actividades no autorizadas.
La ejecución de la interdicción minera se llevó a cabo de manera simultánea en distintos puntos del sector, destruyendo campamentos, equipos, insumos y otras instalaciones destinadas a mantener operativa esta red de extracción minera ilegal.
Un mensaje firme contra el crimen ambiental
Este tipo de intervenciones reflejan el esfuerzo del Ejecutivo por detener el avance de la minería ilegal en el país, una actividad que, aunque lucrativa para sus operadores, representa un riesgo grave para el medio ambiente, la salud pública y la economía nacional.
Además, sienta un precedente importante para futuras acciones en otras regiones del país donde esta actividad ha proliferado. “No vamos a ceder ante quienes destruyen nuestros recursos naturales”, declararon fuentes cercanas al operativo.
Las autoridades recalcaron que continuarán realizando este tipo de operativos en zonas vulnerables, aplicando todo el peso de la ley contra quienes se dedican a esta práctica fuera del marco legal. Asimismo, hicieron un llamado a la población a denunciar la minería ilegal, ya que sus efectos perjudican a toda la sociedad.
Intervención contundente en defensa del medio ambiente
El operativo realizado en Palpa no solo ha significado un golpe económico a las mafias mineras ilegales, sino también un paso firme hacia la protección de los recursos naturales del país. Con una interdicción de bienes que supera los 144 millones de soles, este despliegue demuestra que el Estado está dispuesto a usar todas sus herramientas legales para preservar el medio ambiente y luchar contra el crimen ambiental.
Operaciones como esta son clave para enviar un mensaje claro: la minería ilegal no tiene cabida en el Perú del futuro.
