El miembro del Consejo Directivo de la Asociación Nacional de Centros, Eduardo Cáceres, anunció que las organizaciones no gubernamentales (ONGs) acudirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) si consideran que la nueva ley de fiscalización de fondos afecta sus derechos. Cáceres aclaró que antes de llegar a ese extremo, agotarán todos los procedimientos internos en Perú para impugnar la medida.
La ley, que fue promulgada por la presidenta Dina Boluarte, busca regular y supervisar el uso de los fondos de las ONG que reciben financiamiento internacional. Esta norma modifica la Ley Nº 27692, obligando a las organizaciones a registrar sus planes, proyectos y gastos en una plataforma pública administrada por la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI).
Cáceres destacó que esta ley no es un acto aislado, sino parte de un patrón más amplio de medidas contra las ONGs, relacionadas con un enfoque autoritario que se ha incrementado en varias instituciones del Estado. Para el representante de la Asociación Nacional de Centros, esta normativa podría afectar la libertad de las organizaciones y su capacidad para operar con transparencia.
Finalmente, aunque las ONGs respetarán el proceso legal, Cáceres reafirmó que recurrirán a la Corte IDH si consideran que se han violado sus derechos fundamentales. La apelación a nivel internacional sería el último paso, tras intentar resolver la situación dentro del país.
