En un caso que mezcla fe, corrupción y patrimonio cultural, la Fiscalía de Lavado de Activos de Puno ha ordenado que el obispo Jorge Carrión Pavlich sea trasladado de manera compulsiva, con apoyo de la Policía Nacional, para que declare sobre su presunta implicación en un escándalo de malversación de bienes eclesiásticos. El prelado, quien se ha negado a comparecer en dos citaciones consecutivas, es considerado clave para esclarecer las actividades de Alex Aníbal Cano Arce, canciller de la Diócesis de Puno y principal investigado por lavado de activos y peculado doloso.
El canciller con doble sueldo
Cano Arce, quien además de ser agente pastoral y canciller de la Diócesis de Puno (cargo remunerado por el Ministerio de Justicia), es policía de inteligencia en actividad (pagado por el Estado), está acusado de utilizar su posición para disponer ilegalmente de bienes de la Iglesia. Según las investigaciones del fiscal provincial Carlos Iscarra Pongo, el imputado habría vendido objetos religiosos de alto valor, como cuadros de pintura cusqueña, cálices, copones y adornos de oro y plata, considerados patrimonio cultural.
Pero eso no es todo. Cano Arce también estaría involucrado en transacciones inmobiliarias irregulares, incluyendo la adquisición de 300 hectáreas en Santa Rosa, Mazocruz (Puno), zona donde se presume la existencia de yacimientos de litio. Además, habría gestionado de manera cuestionable terrenos del Santuario de Cancharani, lo que ha levantado sospechas de enriquecimiento ilícito.
Una red que se extiende a otras diócesis
Las indagaciones han revelado que las actividades de Cano Arce no se limitan a Puno. El fiscal Iscarra ha señalado que el investigado habría operado de manera similar en las diócesis de Huancané, Juli y Ayaviri. Por ello, se ha previsto citar a los obispos de estas jurisdicciones —Monseñor Giovani Cefai, Monseñor Ciro Quispe y Monseñor Pedro Bustamante— para que expliquen el rol que Cano Arce desempeñaba en sus respectivas diócesis.
El silencio del obispo Carrión
Monseñor Jorge Carrión Pavlich, obispo de Puno, ha sido renuente a colaborar con la investigación. Ante su negativa a declarar en dos oportunidades, la Fiscalía ha dispuesto su traslado compulsivo con apoyo policial. Según las pesquisas, Carrión habría facilitado la presunta red de malversación al permitir que Cano Arce manejara los bienes de la Iglesia de manera irregular.
Hasta el momento, no se ha determinado el monto total de la afectación patrimonial, pero se sospecha que las transacciones ilegales podrían ascender a sumas millonarias. El fiscal Iscarra aguarda los informes de Registros Públicos, la Sunat y notarías para cuantificar el daño y establecer el nivel de enriquecimiento ilícito del imputado.
La Procuraduría en silencio
Mientras el escándalo crece, la Procuraduría, encargada de velar por los intereses del Estado, guarda un silencio que muchos califican de cómplice. Joao Arriarán García, representante de la Procuraduría en el caso, se limitó a declarar que “espera indicaciones de sus superiores”, lo que ha generado críticas por la falta de acción frente a un caso que involucra bienes públicos y patrimonio cultural.
Fe, corrupción y patrimonio en juego
Este caso no solo expone una presunta red de corrupción al interior de la Iglesia, sino que también pone en riesgo el patrimonio cultural y religioso de la región. Mientras las autoridades avanzan en las investigaciones, los fieles de Puno y otras diócesis afectadas esperan respuestas claras y acciones concretas.
Por ahora, lo único seguro es que este escándalo ha sacudido los cimientos de una institución que, en teoría, debería ser ejemplo de integridad. Y mientras el obispo Carrión es llevado a declarar por la fuerza, la pregunta que queda flotando en el aire es: ¿cuánto más tendrá que revelarse antes de que se haga justicia?