El Ministerio Público ha emitido una alerta sobre el impacto que podría tener la nueva ley que modifica el Decreto Legislativo 1373, que regula la extinción de dominio en Perú. Según las autoridades, este proyecto de ley pone en peligro el proceso judicial que busca recuperar más de 42 millones de dólares asociados al expresidente Alejandro Toledo, bienes que están siendo investigados por corrupción. La modificación propuesta establece que la incautación de bienes solo podría realizarse si existe una sentencia condenatoria firme, lo que complicaría la recuperación de estos activos.
El expresidente Toledo está vinculado a un escándalo de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, quienes habrían pagado grandes sumas de dinero a cambio de contratos de infraestructura. Los bienes bajo investigación incluyen propiedades en zonas exclusivas de Lima y una suma de 42,237 dólares depositada en una cuenta bancaria a nombre de su suegra. La Fiscalía ha señalado que estos activos fueron adquiridos mediante actividades ilícitas, lo que justifica la extinción de dominio y la incautación de los bienes, aún sin una sentencia final.
De aprobarse el proyecto de ley en su versión actual, el proceso judicial que busca recuperar estos bienes podría verse gravemente afectado. Las modificaciones propuestas por el Congreso exigirían que existiera una sentencia penal firme antes de poder aplicar la extinción de dominio, lo cual retrasa la acción inmediata y podría poner en riesgo la incautación de propiedades valuadas en más de 5 millones de dólares. La Fiscalía teme que, con esta nueva normativa, los bienes vinculados a Toledo y su familia queden fuera del alcance del Estado.
Alejandro Toledo, quien actualmente cumple una condena de 20 años y medio por colusión y lavado de activos, sigue siendo el foco de una investigación que involucra el desvío de recursos públicos mediante la sobrevaluación de proyectos viales. La Fiscalía y las autoridades continúan trabajando para recuperar los bienes relacionados con este caso, pero la nueva ley congresal podría poner en peligro los esfuerzos del Ministerio Público para garantizar que los bienes de origen ilícito sean restituidos al Estado peruano.
