El Ministerio Público presentó una denuncia constitucional contra el ministro de Educación, Morgan Quero, y la exministra de la Mujer, Teresa Hernández, por el presunto delito de discriminación agravada. La acción responde a declaraciones en las que ambos funcionarios justificaron los abusos sexuales en comunidades amazónicas como parte de supuestas “prácticas culturales”.
Las expresiones, dadas en medios de comunicación en 2024, provocaron una fuerte indignación pública, especialmente entre organizaciones de derechos humanos y líderes indígenas. La Fiscalía considera que dichas afirmaciones deshumanizan a las niñas y niños de las comunidades awajún y wampis, al normalizar la violencia sexual que enfrentan.
Pese a la controversia, el Congreso no logró avanzar con las mociones de censura presentadas contra ambos, ya que varias firmas fueron retiradas a último momento. Esta decisión impidió debatir una posible destitución y generó críticas sobre la falta de respuesta institucional ante declaraciones de esa magnitud.
La denuncia ahora está en manos del Parlamento, que deberá evaluar si procede una acusación constitucional. Mientras tanto, la situación en Condorcanqui sigue siendo crítica, con decenas de denuncias de abuso sexual aún sin resolver y escasez de personal fiscal en la zona.