En el último año, el Ministerio de Educación (Minedu) ha separado a más de 500 docentes y personal administrativo de instituciones educativas en todo el país, debido a su vinculación con delitos contra la libertad sexual. Esta medida, que busca garantizar un entorno seguro para los estudiantes, se ha implementado de manera rigurosa, con el objetivo de proteger la integridad de los menores en las aulas.
El Minedu también ha rechazado cualquier intento de derogar la ley que establece la destitución automática de aquellos trabajadores del sector educativo con condenas por delitos graves. A través de un comunicado, la institución dejó claro que esta normativa es crucial para seguir ofreciendo espacios seguros dentro de las escuelas, evitando que personas con antecedentes penales puedan interactuar con niños y adolescentes.
