En una acción coordinada que involucró al Instituto Nacional Penitenciario (INPE), la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público, se desarrolló un megaoperativo simultáneo en los 68 penales del país, destinado a erradicar actividades ilícitas que puedan estar siendo organizadas desde los establecimientos penitenciarios. El operativo, liderado por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, tuvo como objetivo garantizar la seguridad ciudadana y la interrupción de las extorsiones y otras actividades ilegales que operan desde el interior de las cárceles.
Operativo Coordinado a Nivel Nacional
El megaoperativo, que se desplegó en la madrugada del sábado 30 de agosto, se llevó a cabo en todo el territorio nacional y estuvo supervisado directamente por el presidente del INPE, Iván Paredes Yataco. Paredes destacó que el operativo forma parte de un esfuerzo continuo por frenar la organización de delitos dentro de los penales, como extorsiones y otros delitos asociados a las mafias criminales que operan desde las cárceles. En sus declaraciones, señaló que “detendremos las extorsiones que se estén organizando desde las cárceles y, al detectar a estos internos, no dudaremos en gestionar su traslado a penales de mayor contención”.
Acciones en el Establecimiento Penitenciario Ancón I
Parte del operativo incluyó la participación de altos funcionarios del Ministerio de Justicia, como el viceministro de Justicia y Derechos Humanos, Jesús Baldeón Vásquez, quien resaltó la importancia de la colaboración entre diversas entidades del Estado para detener las organizaciones criminales. En un recorrido por el Establecimiento Penitenciario Ancón I, en Lima, las autoridades se centraron en la búsqueda de artículos prohibidos y la intervención directa en las áreas de mayor riesgo dentro de las instalaciones. Allí, se encontró una gran cantidad de celulares, chips, sustancias ilícitas como ketes de drogas, y otros artículos utilizados para las actividades ilegales.
Incautaciones y Medidas de Seguridad
Durante el operativo, los agentes del Grupo de Operaciones Especiales del INPE, junto con efectivos de la PNP y representantes del Ministerio Público, realizaron revisiones exhaustivas en los pabellones, celdas, cocinas, pasadizos y patios de los centros penitenciarios. El trabajo conjunto permitió la incautación de material ilícito y también garantizó que los protocolos de seguridad fueran seguidos rigurosamente durante las inspecciones.
Iván Paredes, presidente del INPE, señaló que entre las medidas que se vienen implementando para reforzar la seguridad en los penales, se encuentran las intensificaciones diarias de las revisiones en las celdas de los internos, con el fin de prevenir la introducción de objetos prohibidos. Además, anunció un cambio en la dirección de las regiones del INPE a nivel nacional como parte de un esfuerzo por fortalecer el control y seguridad en las cárceles peruanas.
Lucha Contra la Corrupción y Reforzamiento de la Autoridad
El INPE, en el marco de su política institucional de Seguridad en Acción, busca seguir impulsando el orden, la disciplina y la lucha contra la corrupción dentro del sistema penitenciario. Paredes también destacó que, como parte de la estrategia para asegurar el control total de los penales, se están llevando a cabo cambios estructurales en los cargos directivos del INPE. Esta acción busca dotar de mayores herramientas a las autoridades para frenar el accionar de bandas criminales dentro de las cárceles y fortalecer la autoridad del sistema penitenciario peruano.
Compromiso con la Seguridad Ciudadana
Este megaoperativo refuerza el compromiso del gobierno peruano con la seguridad ciudadana y con la transparencia dentro del sistema penitenciario. La intervención en los 68 penales del país tiene un claro mensaje para las organizaciones criminales que operan desde las cárceles, advirtiendo que el Estado no tolerará que las actividades ilícitas continúen desde estos espacios.
Con este tipo de intervenciones, el gobierno peruano reafirma su compromiso en garantizar la seguridad de los ciudadanos y, a su vez, la de los internos que cumplen su condena dentro del marco legal, alejados de la posibilidad de seguir delinquiendo desde el interior de las cárceles.
