El congresista Edwin Martínez remitió un oficio al presidente José María Balcázar solicitando la declaratoria de estado de emergencia por desastre en la región Arequipa, luego de las intensas lluvias, inundaciones y huaicos que afectan a la zona desde el 19 de febrero de 2026. El documento advierte que la magnitud de los daños humanos y materiales ha superado la capacidad de respuesta del gobierno regional y municipal.
La solicitud se produce en un contexto crítico, marcado además por el siniestro de un helicóptero Mi-17 de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) ocurrido el 23 de febrero en las inmediaciones de Chala Viejo, provincia de Caravelí, que dejó 15 personas fallecidas mientras realizaban labores de apoyo humanitario.
Emergencia climática fuera de control
Según el oficio enviado al Ejecutivo, las precipitaciones intensas, el desborde de torrenteras y la activación de quebradas han provocado una emergencia de gran escala en diversos distritos de Arequipa. Aunque existía una declaratoria previa por “peligro inminente”, el escenario actual ha sido clasificado como desastre de Nivel 4, lo que —según el parlamentario— exige una nueva respuesta normativa del Gobierno central.
Martínez sostiene que la situación actual demanda medidas extraordinarias, ya que las afectaciones comprometen no solo viviendas y carreteras, sino también servicios básicos como el acceso al agua potable y la conectividad vial en amplios sectores de la región.
El impacto del accidente aéreo
El pedido de emergencia se ve reforzado por la tragedia aérea registrada el 23 de febrero, cuando un helicóptero Mi-17 de la FAP se precipitó en una zona de quebradas cerca de Chala Viejo. La aeronave había perdido contacto radial el día previo, a las 16:30 horas, mientras se desplazaba en una misión de apoyo humanitario.
En el accidente fallecieron 4 tripulantes militares y 11 pasajeros, entre ellos siete menores de edad, sin que se registraran sobrevivientes. La misión formaba parte del despliegue estatal para atender a poblaciones aisladas por las lluvias y desbordes en Arequipa, lo que ha generado mayor conmoción y presión política para una respuesta inmediata del Ejecutivo.
Balance de daños humanos y materiales
De acuerdo con el Reporte Complementario N.° 2394 del INDECI y la información del COER Arequipa, la emergencia climática ha dejado dos fallecidos adicionales: una adulta mayor en el distrito de Cayma y un hombre que murió a causa de una descarga eléctrica.
Las cifras oficiales reportan 2,501 personas afectadas y 109 damnificados. En cuanto a infraestructura, 1,229 viviendas presentan daños, de las cuales más de 670 se encuentran en estado crítico o colapsadas, lo que agrava la crisis habitacional en varios distritos.
Infraestructura dañada y servicios interrumpidos
El documento también da cuenta de severos daños en la red vial. En distritos como Cayma, entre el 25 % y 30 % de las carreteras presentan algún nivel de afectación. A ello se suma la interrupción del servicio de agua potable, debido a daños en captaciones y plantas de tratamiento, dejando a miles de personas sin acceso regular al recurso.
En el distrito de Yanahuara, la activación de la torrentera Chullo provocó que el lodo alcance hasta 1.5 metros de altura en zonas urbanas como la urbanización Agustín La Torre y la Cooperativa Abogados, afectando aproximadamente 500 viviendas.
Pedido de presencia presidencial
Entre las principales medidas solicitadas, el congresista Edwin Martínez pide la presencia física del presidente José María Balcázar en Arequipa, con el objetivo de supervisar directamente las labores de atención y coordinar acciones desde el lugar de los hechos.
Asimismo, solicita que el Ejecutivo apruebe, en un plazo máximo de 24 horas, un decreto supremo que declare el estado de emergencia por 60 días calendario en 20 distritos de la provincia de Arequipa y en zonas afectadas de las provincias de Caravelí, Caylloma, Castilla y Condesuyos.
Fondos y despliegue de fuerzas
El oficio plantea la liberación de recursos del Fondo para Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres Naturales (FONDEN), así como transferencias presupuestales de emergencia. También solicita el despliegue inmediato de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, sin trabas administrativas, para apoyar en tareas de rescate, seguridad y distribución de ayuda.
Además, se propone agilizar la contratación de bienes y servicios y coordinar la intervención de los ministerios de Salud, Educación, Vivienda, Defensa, Interior, Transportes, Energía y Minas, Mujer y Desarrollo e Inclusión Social.
Fiscalización desde el Congreso
Finalmente, el documento advierte que el Congreso ejercerá sus prerrogativas de fiscalización para garantizar que las medidas adoptadas se cumplan de manera efectiva. En medio de una emergencia que combina desastre natural y tragedia humana, el pedido de declaratoria busca acelerar la respuesta del Estado y evitar que la crisis en Arequipa continúe profundizándose.