El expresidente de Perú, Martín Vizcarra, anunció que no asistirá a la Comisión Permanente del Congreso, que este miércoles 12 de marzo debatirá y votará el informe final sobre su inhabilitación por el cierre del Parlamento en 2019. Vizcarra calificó el proceso como una vulneración al principio de “cosa juzgada” y lo consideró un acto de persecución política, dado que el Tribunal Constitucional ya se había pronunciado sobre la legalidad de la disolución del Congreso en enero de 2020.
El informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales sostiene que Vizcarra, junto a sus exjefes de gabinete Salvador del Solar y Vicente Zeballos, infringió la Constitución al ordenar la disolución del Congreso. En consecuencia, se recomienda que Vizcarra sea inhabilitado por diez años para ejercer cargos públicos, mientras que Del Solar y Zeballos podrían enfrentar una sanción de cinco años de inhabilitación.
El Congreso justifica esta medida argumentando que los involucrados son responsables de la crisis institucional derivada del cierre del Parlamento, una acción que según el informe violó varios artículos fundamentales de la Constitución. Este caso ha generado un fuerte debate político sobre la responsabilidad del exmandatario en los eventos que llevaron a la disolución del Congreso y su impacto en la democracia peruana.
Además de la situación de Vizcarra, la Comisión Permanente también evaluará un informe sobre las denuncias constitucionales contra el expresidente Francisco Sagasti y los exministros del Interior Rubén Vargas y José Manuel Élice, acusados por la destitución irregular de altos mandos de la Policía Nacional. Si el informe es aprobado, podrían ser inhabilitados por diez años para ejercer funciones públicas.
