El expresidente Martín Vizcarra volvió a encender la polémica al denunciar que su traslado del penal de Barbadillo al Establecimiento Penitenciario de Ancón II responde a una decisión política y no técnica. En declaraciones a RPP Noticias, el exmandatario sostuvo que dos juntas técnicas del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) concluyeron que debía permanecer en Barbadillo, pero que la medida fue cambiada por órdenes superiores.
¿Qué motivó el traslado?
Vizcarra explicó que la primera evaluación sobre su ubicación se hizo al ingresar al penal y la segunda, el pasado 20 de agosto, confirmaron la recomendación de mantenerlo en Barbadillo. “Si se decidió otra cosa fue por decisión política de otro nivel”, afirmó, apuntando directamente al gobierno de Dina Boluarte, al que responsabiliza por este “acto de persecución política”.
El INPE responde: motivos de seguridad
Por su parte, el INPE emitió un comunicado en el que justificó la reubicación por razones de seguridad penitenciaria. Según el instituto, inicialmente se consideró su traslado al penal de Lurigancho, pero finalmente se optó por Ancón II, considerado un entorno más seguro. El comunicado asegura que el nuevo ambiente está acondicionado para proteger la integridad física y psicológica del expresidente.
¿Persecución o protocolo de seguridad?
El choque de versiones abre un nuevo frente en la tensión política que atraviesa el país. Vizcarra califica el traslado como un agravio personal y denuncia vejaciones durante su prisión preventiva, que cumple desde hace cinco meses mientras se investiga su presunta implicación en actos de corrupción vinculados a los casos Lomas de Ilo y Hospital Regional de Moquegua.
Pese a su reclamo, el expresidente asegura respetar la orden judicial, aunque la considera arbitraria y abusiva.
¿Qué sigue en el proceso judicial?
El traslado coincide con el desarrollo de las investigaciones fiscales y aumenta la presión política sobre el Ejecutivo, que enfrenta críticas por su gestión y por la presunta utilización de instituciones estatales para presionar a opositores.
La controversia también reactiva el debate sobre la independencia del sistema penitenciario y judicial en un contexto de crisis política.
