Rafael López Aliaga, exalcalde de Lima y precandidato presidencial por Renovación Popular, presentó ante el bloque ‘Precandidatos’ de RPP varias de sus medidas para combatir la criminalidad en caso de asumir la Presidencia. Entre ellas, destacó el plan de inversión de 1 000 millones de dólares en inteligencia policial y militar, destinado a fortalecer la lucha contra organizaciones criminales como el Tren de Aragua.
Asimismo, reiteró su intención de implementar penas más severas para delitos graves como sicariato, extorsión, abuso sexual de menores y corrupción de funcionarios. Entre las propuestas más polémicas se encuentra el retorno de los jueces sin rostro, figura utilizada en los años 90 para proteger a magistrados de amenazas y atentados por parte de grupos criminales.
Retiro del Perú de la CIDH y reforma judicial
Entre sus planteamientos políticos, López Aliaga propuso el retiro del Perú del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), argumentando la necesidad de fortalecer la soberanía nacional frente a organismos internacionales. En paralelo, plantea una reforma absoluta del Poder Judicial y el Ministerio Público, con el objetivo de descongestionar la carga procesal y enfocar el trabajo de jueces y fiscales en delitos contra la vida.
“Todo lo que es civil, comercial, arbitraje popular debe ser reorganizado, para que los tribunales se concentren en lo urgente: delitos contra la vida”, señaló el precandidato durante la entrevista.
Colonia penal en la selva y control militar
En materia de gestión penitenciaria, López Aliaga propuso crear una colonia penal en la selva, ubicada cerca de la frontera con Colombia, donde los internos realizarían trabajos aislados de la sociedad y sin acceso a internet ni telefonía, inspirado en la Colonia Penal del SEPA de los años 50. La propuesta busca reducir la reincidencia y aislar a criminales de alto riesgo, según explicó.
Además, enfatizó la militarización de zonas de minería ilegal, como Pataz en La Libertad y La Pampa en Madre de Dios, para recuperar la ecología y erradicar drags y socavones ilegales, reforzando la presencia del Estado en territorios críticos.
Demanda contra Brookfield y minería de litio
López Aliaga también anunció que interpondrá una demanda millonaria contra el fondo canadiense Brookfield, accionista mayoritario de Rutas de Lima, por daños morales y reputacionales al país, en una medida que busca proteger la inversión nacional y extranjera.
En paralelo, propuso fomentar la extracción de litio en Puno, donde estima que hay “50 veces más litio” que en otros países de la región. Su objetivo es desarrollar baterías para autos eléctricos y posicionar a Perú como proveedor clave de la industria automotriz internacional.
Propuestas adicionales y control del Reinfo
Respecto a la minería formal e informal, López Aliaga planteó otorgar plazos de hasta seis meses para formalización minera, además de proteger la minería ancestral, mientras se combate la ilegalidad con control militar y regulaciones estrictas.
También anunció medidas para eliminar la venta informal de chips y sancionar a empresas de telecomunicaciones que permitan su reventa, vinculando la falta de cumplimiento con responsabilidades penales.
Visión política y bicameralidad
En el ámbito legislativo, López Aliaga manifestó su intención de reducir el poder del Congreso, apoyando la eliminación del Senado y un retorno al sistema unicameral, aunque busca inicialmente una curul en el Senado. Criticó la gestión actual del Legislativo y prometió impulsar reformas que busquen mayor eficiencia y control sobre el uso de recursos estatales.
Asimismo, mostró respaldo a las decisiones del canciller Hugo De Zela respecto al otorgamiento de salvoconductos y revisión de tratados de asilo, en el marco del caso de la exjefa de gabinete Betssy Chávez, buscando evitar “coladeras” en el sistema de asilo político.
Impacto en las Elecciones Generales 2026
Las propuestas de López Aliaga combinan medidas de seguridad extrema, reformas judiciales y demandas económicas contra empresas extranjeras, reflejando un planteamiento centralizado en la lucha contra la criminalidad y la protección del Estado. Su discurso apunta a un electorado preocupado por la inseguridad, la corrupción y el orden público.
Entre las preguntas clave que plantea esta agenda están:
- ¿Cómo se implementarán estas colonias penales y medidas militares sin afectar derechos fundamentales?
- ¿Qué repercusiones legales y diplomáticas tendría el retiro del Perú de la CIDH?
- ¿Podrán las demandas contra empresas extranjeras atraer inversión o generar conflictos internacionales?