Pareciera que el negocio inmobiliario de alta gama ha encontrado en algunos fiscales a nuevos clientes, capaces de invertir medio millón de dólares en casas con piscina, finos acabados e inmejorable ubicación. Es el caso de la excoordinadora del Eficcop Marita Barreto Rivera y del todavía coordinador del Equipo Especial Lava Jato Rafael Vela Barba. El problema es que estos cuestionados magistrados ni son prominentes empresarios, ni han heredado fortuna familiar, ni tuvieron la buena suerte de ganarse el premio mayor de una millonaria lotería. Todo lo contrario, sobre ellos pesan fundadas sospechas de presunto enriquecimiento ilícito a través de su función fiscal. La primera evidencia de este desbalance patrimonial sería, precisamente, su reciente e inexplicable patrimonio inmobiliario de alta gama.

A RAFO SE LE APAGÓ LA VELA
Al otrora rock star de la justicia anticorrupción, el fiscal superior Rafael Vela Barba, se le ha apagado su estrella luminosa después de que su examigo Jaime Villanueva decidiera revelar los actos, actores y secretos de un método ilegal que había penetrado el sistema de administración de justicia con epicentro en la cúpula del Ministerio Público. Rafael Vela es uno de los responsables del llamado “Acuerdo de Colaboración y Beneficios” firmado con Odebrecht que, en términos prácticos, ha sido un gran negocio para la transnacional brasilera de la contrucción y de la corrupción. Millones de soles y dólares que el Estado peruano ha perdido y puede seguir perdiendo producto de esta cuestionadísima negociación que, una vez conocida al detalle gracias a una sentencia del Tribunal Constitucional, revive la duda sobre el método que aplicó Odebrecht para llevársela realmente barata. Si solo se trató de impericia de los fiscales y procuradores o los brasileños revivieron su conocido método para persuadir a funcionarios públicos. Método que conoce bien el equipo de fiscales Lava Jato liderado por el mismo Vela.
Para resumir la proeza inmobiliaria del fiscal Rafael Ernesto Vela Barba y su esposa Carmina Vargas Rojas, podemos decir que adquirieron en febrero de 2021 una casa, en un exclusivo condominio de La Molina, a 500 mil dólares. Para hacerlo vendieron un departamento que tenían en Surco por 225 mil dólares y por los otros 275 mil tomaron un préstamo hipotecario en un banco a pagar en 276 meses, o sea 23 años. Hasta ahí la operación inmobiliaria podría no tener nada de irregular. Sin embargo, la familia Vela Vargas ha remodelado completamente ese inmueble colocándole acabados de lujo y construyendo en su amplio jardín una piscina rectangular con fondo azul. Este gasto adicional, que los expertos calculan en por lo menos 200 mil dólares adicionales, no ha sido declarado por el fiscal experto en lavado de activos. Otro dato fáctico que llama la atención en la declaración de bienes y rentas del coordinador del Equipo Especial Lava Jato es que en los años 2022 y 2023 ha declarado ingresos en el sector privado (se presume como profesor a tiempo parcial en universidades u otros centros privados o públicos de derecho privado, la única actividad que se le acepta a un magistrado en el sector privado) por 4300 y 5300 soles mensuales. Esto, según su cálculo, le permitiría explicar cómo afronta su presupuesto familiar mensual que incluye no solo los gastos propios de una familia de cinco integrantes (tiene dos hijos con su esposa y ella tiene un hijo de su primer matrimonio) cuyos hijos van a colegios privados de primer nivel con pensiones mensuales que van de 2500 a 2900 soles. El problema es que esos ingresos en el sector privado, en los años 2022 y 2023, debieran sumar 174 mil soles en total, pero solo fueron 4000. Por lo menos según los recibos por honorarios profesionales que ha declarado ante la Sunat. Si así fuera, solo en esa operación habría un desbalance de 174 mil soles, mayor a los 130 mil detectados en las cuentas de su subordinado José Domingo Pérez Gómez. Otro gasto nada menor de los Vela-Vargas son sus constantes viajes a Estados Unidos, donde vive la familia de su esposa. Ella, que es bióloga de profesión, que trabajó en la Universidad Agraria de La Molina, en los últimos años tiene ingresos interrumpidos en algunas entidades públicas –como la Dirección de Inteligencia Nacional– DINI o, recientemente, en la Autoridad Municipal de los Pantanos de Villa porque suele pedir licencia sin goce de haber para pasar temporadas en Miami. Es decir, teniendo como principal ingreso el sueldo de fiscal superior, que es aproximadamente 19 mil soles mensuales (incluye bonos por su cargo de alta responsabilidad y mucho peligro), la familia de Rafael Vela ha podido adquirir, remodelar y mantener una casa de alta gama, con piscina, jardines y seguridad privada las 24 horas. También llevan una vida propia de un hogar de clase alta con constantes viajes al extranjero, hijos en colegios privados de primer nivel (el hijo mayor de su esposa estudiando el pregrado de la universidad en el extranjero) y él, luciendo trajes finos, corbatas de seda italiana y, alguna vez, un reloj también de alta gama. ¿Cómo lo hacen?.

MARITA, LA CORREDORA INMOBILIARIA
La fiscal provincial Marita Barreto ha sido menos sutil en el incremento acelerado e inexplicable de su patrimonio inmobiliario. Se ha construido una casa de dos pisos, finos acabados, amoblada, decorada e instalada con lo mejor para una residencia de descanso, en el exclusivo condominio Fundo Pradera de Asia. El inmueble tiene 350 metros cuadrados de área construida, distribuidos en dos pisos, con amplias ventanas y vista panorámica a una piscina que aparece en medio de un jardín que bordea los 409 metros cuadrados del lote. La misma fiscal Barreto ha tasado su casa en medio millón de dólares y le ha explicado personalmente de qué está hecha a la reportera Marycielo Del Castillo del programa Contracorriente. La excoordinadora del Eficcop ha revelado, por ejemplo, que se trajo una piedra especial de Arequipa para enchapar su chimenea, una pared de su sala y el bar de la piscina. Esa piedra fue instalada pieza por pieza en esos tres ambientes por obreros que trabajaron un mes entero. También, que las barandas del primer y segundo piso son de acero inoxidable, los muebles de la sala y comedor de diseñador, siempre recalcando que todo está nuevo. El serio problema para Barreto es que ha podido construir su tremenda casa en Asia sin pedirle préstamo a ningún banco u otra entidad financiera ni hipotecar su inmueble. Tampoco se ha ganado el premio mayor de ninguna lotería local o extranjera, al menos que sepamos. En sus últimas declaraciones juradas de bienes y rentas solo consigna su sueldo como fiscal superior provisional, que oscila entre 14 y 16 mil soles mensuales, y nada más. Lo curioso es que vive en un departamento de Jesús María que está a nombre de una de sus sobrinas, una joven médico de reciente graduación. Lo lógico es que si alguien no tiene una casa propia en Lima, no va a gastar medio millón de dólares comprándose una casa de descanso a 100 kilómetros de su centro de trabajo. A no ser que viva en un departamento comprado a nombre de terceros, de familiares de su entera confianza, y esté lavando dinero de dudosa procedencia en inmuebles de descanso con acabados de lujo.
Preguntada por qué está vendiendo de súbito la casa que tanto esfuerzo le costó construir, supervisada al detalle por ella misma, Marita Barreto ha dicho que la razón es que pronto partirá en un “viaje prolongado al extranjero”. O sea, está rematando su propiedad porque abandonará el país por tiempo indeterminado. Esta declaración se condice con la maniobra legal que ha hecho utilizando a su propio hijo Jorge Solís Barreto: le ha transferido en adelanto de legítima su tremenda casa de Asia la que, según la escritura pública respectiva, solo la avalúa en 50 mil soles. En el mismo acto notarial, su hijo le da en usufructuo perpetuo el inmueble. O sea, legalmente deja de ser la dueña pero, si no logra venderla, seguirá ocupándola hasta el día que se muera. Una operación que, según la legislación vigente, es inválida porque se hizo después que Barreto está siendo investigada por graves delitos en una fiscalía suprema. Se trataría de una maniobra legal para poner a salvo un patrimonio inmobiliario adquirido con dinero de procedencia desconocida. Todo esto hace suponer que Marita Barreto ha tomado la decisión de rematar sus propiedades en el país para ponerse a buen recaudo en el extranjero consciente de que se viene un verdadero destape de algo grave que, en los corrillos judiciales, se ha dado en llamar “El Método Eficcop”. Que no es otra cosa que actos extorsivos a empresarios bajo la amenaza de hacerles una carpeta fiscal, acusándolos de graves delitos para pedir su prisión preventiva. Hay por lo menos dos denuncias formales, la de los empresarios Mirtha Gonzáles Yep y Fernando Pazos Huayamares, sobre un presunto método extorsivo a través de operadores, como el abogado y escritor Umberto Jara. Mirtha Gonzáles logró grabar a Jara pidiéndole un cuarto de millón de dólares a cambio de no involucrarla en una carpeta reservada del Eficcop. Gonzáles se negó a pagarle, denunció el hecho, pero igual el fiscal Christian Niño, subordinado de Barreto, pidió su detención preliminar y, después, prisión preventiva para ella. En este llamado “Método Eficcop” no solo estaría involucrado Jara, hay toda una red de policías, fiscales, conocidos abogados penalistas y hasta exministros, algunos de ellos defensores mediáticos del Eficcop y de los policías de la Diviac, involucrados en este escándalo.