El juicio oral contra el presidente José María Balcázar por el presunto delito de difamación agravada fue reprogramado y se realizará después de que concluya su mandato presidencial. La decisión fue adoptada por el Cuarto Juzgado Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, que aceptó el pedido del jefe de Estado para suspender el proceso judicial mientras permanezca en funciones.
El proceso debía iniciar este viernes 6 de marzo de 2026, pero la jueza Hiroko Sandra Hiyane Ramírez resolvió aplazarlo hasta el 27 de agosto de 2026 a las 9:00 a.m., cuando el actual mandatario ya no ocupe la presidencia de la República. La audiencia fue programada en modalidad virtual.
Pedido del presidente se basó en la Constitución
La reprogramación del proceso se produjo luego de que el propio José María Balcázar solicitara formalmente la suspensión del juicio oral. El mandatario argumentó que, de acuerdo con el artículo 117 de la Constitución Política del Perú, un presidente en ejercicio no puede ser acusado por delitos comunes mientras dure su mandato.
Este artículo establece que el jefe de Estado solo puede ser acusado durante su gestión por delitos específicos, como traición a la patria, impedir elecciones o disolver el Congreso fuera de los supuestos constitucionales. En consecuencia, otros procesos penales deben quedar suspendidos hasta que termine su periodo en el cargo.
Bajo ese criterio, la magistrada determinó que el juicio por difamación agravada no puede desarrollarse mientras el mandatario continúe en funciones, por lo que decidió postergar el inicio del proceso judicial hasta después de que deje el cargo.
Caso se originó por publicación en redes sociales
La querella contra el jefe de Estado fue presentada por el abogado Yuri Díaz, exvicedecano del Colegio de Abogados de Lambayeque, quien acusa al mandatario de haber difundido comentarios difamatorios en su contra a través de una publicación en Facebook.
Según la denuncia, el contenido publicado por Balcázar habría afectado el honor y la reputación del jurista, motivo por el cual solicitó una reparación civil de 300 mil soles como parte del proceso judicial.
El caso fue admitido por el Poder Judicial y debía iniciar su etapa de juicio oral este mes. Sin embargo, la invocación del artículo 117 generó la suspensión del proceso hasta que el presidente deje el cargo.
Demandante evita declarar por razones de seguridad
Tras conocerse la decisión judicial, RPP Noticias se comunicó con el abogado Yuri Díaz para conocer su reacción frente a la reprogramación del juicio. No obstante, el jurista declinó ofrecer declaraciones públicas.
Según indicó al medio, decidió no pronunciarse por motivos de seguridad, tanto para él como para su familia, en medio de la atención mediática que ha generado el caso.
Proceso continuará tras el fin del mandato presidencial
Con la resolución emitida por el Cuarto Juzgado Unipersonal de Lambayeque, el juicio quedará formalmente suspendido durante los próximos meses y se retomará en agosto de 2026.
En esa fecha, el Poder Judicial evaluará los argumentos de ambas partes para determinar si el mandatario incurrió o no en difamación agravada, delito que se configura cuando se difunden afirmaciones que dañan la reputación de una persona mediante medios públicos o de amplia difusión.
La audiencia programada para el 27 de agosto marcará el inicio de la etapa de juzgamiento del caso, que definirá si corresponde una eventual sanción penal o el pago de la reparación civil solicitada por el demandante.