El Poder Judicial dictó siete días de prisión preliminar contra el suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP) Luis Michel Magallanes Gaviria, investigado por la muerte de Eduardo Ruiz, un joven de 32 años que recibió un disparo durante las protestas del pasado 15 de octubre en el Centro de Lima.
La medida fue dispuesta por el Noveno Juzgado de Investigación Preparatoria, que consideró que el agente actuó de manera desproporcionada y que su arraigo domiciliario no garantiza su presencia durante el proceso judicial.
El disparo y las circunstancias del hecho
Según la resolución, el juez concluyó que la víctima no representaba una amenaza real o inminente para el suboficial Magallanes al momento del disparo. La decisión judicial respalda así el pedido de la Tercera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y Terrorismo, que investiga el caso como presunto homicidio calificado.
Durante la audiencia, el agente reconoció haber accionado su arma, aunque alegó que disparó contra el suelo en un intento de dispersar a manifestantes que —según dijo— lo rodeaban y ponían en riesgo su vida.
“Yo corría y solo quería defenderme. En ningún momento disparé al cuerpo de nadie”, declaró Magallanes ante el magistrado, insistiendo en que actuó en defensa propia.
Sin embargo, el juez determinó que el argumento del policía no justifica el uso letal del arma, y ordenó su detención mientras se ejecutan las diligencias forenses y la reconstrucción de los hechos.
Segundo agente queda libre
El tribunal rechazó la solicitud de prisión preliminar para el segundo policía implicado, el suboficial Omar Saavedra, quien admitió haber realizado dos disparos al aire con el fin de disuadir a una turba durante los enfrentamientos.
De acuerdo con la Fiscalía, ambos agentes estuvieron presentes en los hechos registrados en las inmediaciones de la Plaza Francia, cuando la protesta contra el gobierno de José Jerí Oré y el Congreso derivó en enfrentamientos con la Policía Nacional.
La medida restrictiva fue concedida solo para Magallanes, debido a que existen elementos suficientes de convicción que lo vinculan directamente con el disparo mortal. El Ministerio Público busca asegurar su participación en las diligencias técnicas y evitar un posible entorpecimiento del proceso.
Investigación en curso por violación de derechos humanos
La Fiscalía de Derechos Humanos ha dispuesto una serie de diligencias para esclarecer lo ocurrido, entre ellas la revisión de cámaras de seguridad, el peritaje balístico y la obtención de testimonios de testigos presenciales.
El caso es observado de cerca por organismos de derechos humanos y la Defensoría del Pueblo, que han exigido transparencia en la investigación y sanción para los responsables.
La muerte de Eduardo Ruiz Sanz, ocurrida durante la manifestación del 15 de octubre, se suma a una serie de denuncias por el uso excesivo de la fuerza policial en protestas recientes. El hecho provocó el pronunciamiento del propio presidente José Jerí Oré, quien expresó condolencias a la familia de la víctima y prometió una investigación imparcial.
Contexto y repercusión pública
El caso ha generado gran conmoción y reavivado el debate sobre la actuación policial en manifestaciones ciudadanas. Diversos colectivos han pedido la intervención de instancias internacionales, mientras la Fiscalía evalúa ampliar la investigación hacia otros mandos operativos que participaron en el despliegue del 15 de octubre.
La resolución judicial señala que la situación legal del suboficial Magallanes será reevaluada al término del periodo de detención, mientras se recopilan las pruebas balísticas y se determina si hubo responsabilidad individual o institucional en el disparo que causó la muerte del manifestante.