Tras el atentado ocurrido en la Fiscalía Provincial Penal de Trujillo, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, anunció que se procederá con la remoción de más de 100 agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) destinados a la región. La medida responde a la creciente preocupación por la seguridad y el manejo de la situación por parte de las autoridades policiales.
El ataque, que dejó varios heridos y generó gran alarma en la ciudad, desnudó fallos en la protección de instalaciones clave como las fiscalías. Ante este hecho, Santiváñez señaló que las remociones se llevarán a cabo dentro de los próximos 10 días, ya que aún deben evaluar el aspecto presupuestario antes de ejecutar la medida.
“Como consecuencia de los actos de la lucha contra la criminalidad que la PNP y el Ministerio Público están desarrollando, la remoción inmediata de más de 100 efectivos que salen de Trujillo será ejecutada en los próximos 10 días porque tenemos que ver el pliego presupuestario”, indicó el ministro.
Esta decisión forma parte de un proceso de reestructuración más amplio, con el fin de fortalecer la seguridad en la región y garantizar que los agentes trabajen con eficiencia y profesionalismo. Sin embargo, la medida ha generado reacciones divididas: algunos sectores consideran que es una acción insuficiente, mientras que otros la apoyan como un paso necesario para mejorar la efectividad de la policía.
El atentado en la Fiscalía ha desatado un debate sobre la seguridad en el país y la necesidad urgente de reforzar las medidas preventivas en edificios judiciales. La Fiscalía y las autoridades locales han confirmado que las investigaciones continuarán, mientras las fuerzas de seguridad refuerzan la protección de las instituciones clave.