JNE se mantiene firme ante la neutralidad electoral
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en su rol de garante del sistema democrático y custodio de la voluntad popular, anunció que continuará su labor con imparcialidad y transparencia en el marco de los próximos procesos electorales. En un comunicado oficial, la institución recalcó que ninguna autoridad o funcionario del Estado puede vulnerar el principio de neutralidad, establecido en el artículo 31 de la Constitución Política del Perú.
La advertencia llega en un contexto marcado por tensiones políticas y cuestionamientos sobre la intervención de autoridades en campañas electorales. Por ello, el JNE reiteró que ejercerá estricto control sobre las conductas de parlamentarios, gobernadores regionales, alcaldes y demás servidores públicos, con el fin de impedir cualquier intento de favorecer a determinados candidatos o partidos.
¿Qué implica el principio de neutralidad estatal?
El principio de neutralidad es un mandato constitucional que obliga a las autoridades y funcionarios públicos a no interferir en el desarrollo de los procesos electorales, ni directa ni indirectamente. Según el JNE, este deber busca garantizar que la participación ciudadana se desarrolle libremente y que las elecciones reflejen de forma auténtica la voluntad popular.
“Ninguna autoridad puede usar su cargo, sus recursos o su posición para inclinar la balanza a favor de un candidato o partido”, subrayó el organismo.
El cumplimiento de este principio no solo protege la transparencia de los comicios, sino que fortalece la confianza ciudadana en las instituciones. En caso de detectarse infracciones, el JNE podrá sancionar a los responsables, incluso a parlamentarios, como se desprende del Acuerdo del Pleno del 10 de junio de 2025.
Advertencia a las autoridades en todo nivel
El JNE recordó que las disposiciones sobre neutralidad se encuentran contenidas en la Ley Orgánica de Elecciones y en el reglamento aprobado por su Pleno, normas que tienen plena vigencia durante todo el proceso electoral. Esto implica que ninguna autoridad, sea elegida por voto popular o designada, está exenta de cumplir con esta obligación.
El comunicado enfatiza que se ha detectado en ocasiones anteriores la vulneración de este principio, razón por la cual los órganos electorales, incluidos los Jurados Electorales Especiales, han debido pronunciarse sobre denuncias contra congresistas y otras autoridades. Con ello, el JNE deja claro que no tolerará conductas que pongan en riesgo la equidad electoral.
El reto de preservar la voluntad ciudadana
La intervención indebida de autoridades en los procesos electorales ha sido un problema recurrente en el país. En las últimas elecciones, se presentaron decenas de denuncias sobre presunta propaganda encubierta, uso de recursos públicos y presiones políticas para beneficiar a determinados candidatos. Ante este escenario, el JNE busca fortalecer los mecanismos de fiscalización y control.
La imparcialidad del sistema electoral es clave para garantizar la estabilidad democrática y evitar conflictos de legitimidad en los resultados. Por eso, el organismo precisó que reforzará la capacitación de los Jurados Electorales Especiales y trabajará de la mano con la Contraloría General para detectar irregularidades a tiempo.
¿Qué pasa si se incumple la neutralidad?
El incumplimiento del principio de neutralidad puede tener consecuencias graves. Las autoridades que utilicen recursos públicos o su posición institucional para favorecer a un candidato podrían enfrentar:
- Sanciones administrativas e inhabilitación temporal.
- Denuncias penales por abuso de autoridad o malversación.
- Nulidad de actos electorales si se demuestra que la intervención alteró la equidad del proceso.
El JNE hizo un llamado a todos los funcionarios públicos para actuar con responsabilidad y respeto por las reglas democráticas, subrayando que la voluntad del pueblo debe prevalecer por encima de cualquier interés personal o partidario.
Compromiso con elecciones transparentes
Finalmente, el JNE reafirmó su compromiso de continuar trabajando para asegurar elecciones transparentes, respetando los procedimientos legales y promoviendo un entorno donde todos los actores políticos compitan en igualdad de condiciones.
Con el país próximo a entrar en una nueva etapa electoral, la institución advierte que no permitirá interferencias y que actuará con todo el peso de la ley contra quienes vulneren la neutralidad estatal. El objetivo, señala el organismo, es garantizar la legitimidad de los resultados y fortalecer la confianza ciudadana en el sistema democrático.
