En un nuevo episodio que reaviva el debate sobre la relación entre política partidaria y función pública, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha puesto bajo la lupa a seis congresistas por presuntamente haber infringido el principio de neutralidad electoral.
Cinco de los congresistas pertenecen a la bancada de Perú Libre y uno a Alianza para el Progreso (APP). El motivo: su participación en actividades de carácter proselitista en espacios del Estado, específicamente dentro del Congreso de la República, lo cual está prohibido por la legislación vigente.
¿Qué ocurrió y quiénes están involucrados?
Según el informe preliminar del JNE, los congresistas observados son:
- María Agüero (Perú Libre)
- Flavio Cruz (Perú Libre)
- María Taipe (Perú Libre)
- Kelly Portalatino (Perú Libre)
- Segundo Montalvo (Perú Libre)
- José Elías (APP)
El caso que ha generado mayor atención es el de la bancada de Perú Libre, cuyos parlamentarios participaron en un evento político en el Congreso, específicamente en la presentación de la memoria anual del partido, organizada en una sala oficial del Parlamento. Esta actividad, de naturaleza estrictamente partidaria, contraviene las normas que rigen la neutralidad de los funcionarios públicos en tiempos electorales o preelectorales.
Por su parte, el congresista José Elías, de APP, está siendo evaluado por su presunta participación en actos de respaldo al líder de su agrupación, César Acuña, lo que también constituiría una infracción si se comprueba que utilizó su cargo para fines de propaganda política.
¿Qué es el principio de neutralidad y por qué se protege?
El principio de neutralidad electoral, establecido en la normativa electoral peruana, obliga a los funcionarios públicos a mantenerse al margen de actividades proselitistas mientras ejercen sus funciones, y especialmente a no usar recursos, instalaciones ni personal del Estado para beneficio de agrupaciones políticas.
El objetivo es claro: garantizar la equidad y transparencia en los procesos electorales, evitando que quienes ocupan cargos públicos obtengan ventajas indebidas por su posición. El JNE tiene la potestad de observar, investigar y sancionar estas prácticas en defensa del equilibrio democrático.
¿Cuáles son las consecuencias para los congresistas investigados?
La investigación del JNE aún se encuentra en fase preliminar. Sin embargo, de comprobarse las faltas, los parlamentarios podrían enfrentar una serie de sanciones, tales como:
- Amonestaciones públicas
- Multas
- Suspensiones temporales
- Remisión de informes al Congreso para que se apliquen medidas disciplinarias
- En casos graves, podría haber impedimentos para postular en futuras elecciones
Cabe precisar que este tipo de sanciones no solo tienen impacto legal, sino que también pueden afectar significativamente la imagen pública y credibilidad de los implicados, especialmente de cara a un escenario político en constante observación ciudadana.
¿Es esta una práctica aislada o un patrón repetido?
Lo ocurrido no es un hecho aislado. En anteriores procesos electorales, el uso de recursos del Estado con fines partidarios ha sido una constante preocupación del JNE y otros organismos de control. Desde alcaldes que inauguran obras con logos partidarios, hasta ministros que asisten a mítines, el cruce entre función pública y campaña electoral ha sido objeto de múltiples observaciones.
En este contexto, el caso actual vuelve a poner sobre la mesa la urgencia de fortalecer los mecanismos de fiscalización y de establecer sanciones más severas y rápidas cuando se detecten estas prácticas.
¿Qué dijeron los partidos implicados?
Hasta el momento, ni Perú Libre ni Alianza para el Progreso han emitido comunicados oficiales en respuesta a la observación del JNE. Sin embargo, fuentes cercanas a ambas bancadas señalaron que los actos en cuestión fueron “eventos institucionales” y que no hubo intención proselitista directa.
No obstante, la realización de eventos partidarios dentro del Congreso ha sido históricamente cuestionada por expertos y por la opinión pública, ya que envía señales equívocas sobre el uso de instituciones estatales para fines particulares.
¿Qué puede pasar ahora?
El JNE continuará con el proceso de revisión, recopilando evidencia documental, registros audiovisuales y testimonios, antes de emitir una resolución formal. Dependiendo de los resultados, los casos podrían ser derivados al Congreso, a la Contraloría General de la República, o incluso al Ministerio Público si se identifica algún delito adicional.
Este proceso podría demorar semanas, pero marcará un precedente clave sobre el uso de espacios públicos y el respeto al principio de neutralidad.
¿Qué está en juego?
Más allá de las sanciones específicas, lo que está en juego es la credibilidad del Congreso, una institución que ya enfrenta altos niveles de desaprobación ciudadana. Según las últimas encuestas, más del 80% de los peruanos desconfía del Legislativo, lo que convierte cualquier desliz ético en una crisis de representación.
Además, este tipo de investigaciones tienen un impacto directo en el desarrollo de las futuras elecciones generales, programadas para 2026, donde se exige que todos los actores políticos compitan en condiciones justas.
