El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) revisará este viernes 5 de diciembre la apelación presentada por el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, luego de que el Jurado Electoral Especial (JEE) de Pacasmayo lo responsabilizara por una presunta infracción al principio de neutralidad electoral. La controversia surgió tras la presencia de una cámara institucional del Parlamento en el mitin donde Keiko Fujimori oficializó su candidatura presidencial en Trujillo.
La defensa del titular del Legislativo sostiene que la utilización del equipo no obedeció a una disposición política, sino a un “error involuntario” del operador de cámara, quien declaró que no advirtió que el equipo pertenecía al Congreso mientras se desplazaba hacia el evento partidario. Con la apelación aceptada, el caso será revisado en una audiencia pública, donde el JNE deberá determinar si confirma o revoca la resolución emitida por el JEE.
¿Por qué se cuestiona el uso de la cámara del Congreso?
El punto central del caso es el presunto uso de recursos del Estado —en este caso, una cámara institucional— para actividades vinculadas a una organización política. El JEE de Pacasmayo, al verificar el incidente, consideró que existían elementos para atribuir responsabilidad administrativa a Rospigliosi, en su calidad de máxima autoridad del Congreso.
El operador de cámara involucrado declaró que trasladó el equipo al mitin como parte de su rutina laboral, sin advertir que dicha asignación no correspondía a funciones institucionales sino a un evento partidario. Sin embargo, para las autoridades electorales, la neutralidad del aparato estatal en tiempos de campaña exige que todo uso de bienes públicos sea monitoreado y justificado con claridad.
¿Qué implica una infracción a la neutralidad electoral?
La neutralidad electoral es uno de los principios fundamentales en el desarrollo de procesos democráticos. Su objetivo es evitar que recursos públicos, funcionarios o instituciones beneficien la imagen o actividades de candidaturas específicas. Cuando se detectan irregularidades, los organismos electorales pueden emitir sanciones administrativas o incluso remitir casos al Ministerio Público si encuentran indicios de delitos.
La apelación de Rospigliosi: argumentos y expectativas
Tras la resolución del JEE, el presidente del Congreso interpuso un recurso de apelación alegando que no existe dolo ni intención de favorecer a la candidata Fujimori, y que el uso del equipo no emanó de una orden suya ni de su despacho.
El JEE, al revisar la apelación, verificó el cumplimiento de los requisitos formales y decidió elevar el expediente al Pleno del JNE, donde se realizará un análisis más detallado. La audiencia convocada permitirá escuchar los argumentos tanto de la defensa como de los representantes del órgano electoral.
¿Podría esta decisión afectar la estabilidad institucional del Congreso?
La posibilidad de que el JNE confirme la infracción podría generar tensiones políticas, especialmente al tratarse del presidente del Congreso electo en un año preelectoral. No obstante, el proceso aún se encuentra en su fase administrativa, y las consecuencias específicas dependerán del pronunciamiento final.
Un caso que reabre el debate sobre el uso de recursos públicos en campaña
El incidente ha reactivado un debate recurrente en el país: ¿cómo se garantiza la neutralidad cuando autoridades estatales participan en actividades políticas?
Aunque el operador afirmó que todo se trató de un error técnico, organismos electorales suelen analizar no solo la intención, sino también el impacto potencial en la equidad del proceso electoral.
De confirmarse la responsabilidad, el caso podría sentar un precedente relevante para el control de bienes del Estado durante campañas, en un contexto en el que distintas instituciones han sido cuestionadas por su papel en procesos electorales anteriores.
¿Qué ocurre si el JNE revoca la resolución del JEE?
De revocarse la sanción, se restablecería la presunción de neutralidad de Rospigliosi, y el caso sería archivado. Sin embargo, el debate público sobre el uso de equipos institucionales podría persistir y abrir espacio para reforzar protocolos internos en el Congreso.
Expectativa ante la decisión final
La audiencia del 5 de diciembre será clave para definir el futuro del expediente y para evaluar cómo se aplican las normas electorales en casos donde intervienen autoridades de alto rango. El JNE tiene la responsabilidad de determinar si existió una vulneración real al principio de neutralidad o si el incidente fue, como alegan los involucrados, un acto no intencional sin impacto electoral tangible.
La resolución final será observada de cerca por bancadas del Congreso, organismos electorales, partidos políticos y analistas, especialmente en un contexto donde la vigilancia sobre el uso de recursos estatales se ha intensificado debido a campañas anticipadas y precedentes controvertidos.