El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) encendió las alertas sobre el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Melchor Arana Ysla, por un presunto quiebre al principio de neutralidad electoral. Según un informe remitido al Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1, el premier habría emitido un pronunciamiento que podría interpretarse como un acto de respaldo político hacia Fuerza Popular, lo que contravendría la normativa vigente en pleno proceso electoral de 2026.
¿Qué dice el informe del JNE?
El documento, elaborado por la oficina de fiscalización del JNE y firmado por la coordinadora Wendolyne Miluska Zapata Vidaurre, sostiene que Arana utilizó los canales oficiales de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para referirse a la situación de Fuerza Popular. Este hecho, de acuerdo con el reporte, podría constituir una infracción al deber de imparcialidad de los funcionarios públicos en periodo electoral.
La observación se apoya en el numeral 32.1 del artículo 32 del Reglamento Electoral, que establece la obligación de todos los funcionarios de mantener neutralidad, evitando cualquier tipo de injerencia o manifestación a favor o en contra de partidos políticos.
El JNE decidió remitir el caso al JEE Lima Centro 1, instancia encargada de determinar si corresponde iniciar un procedimiento formal y evaluar posibles sanciones.
¿Cuáles serían las consecuencias para Arana?
El propio JNE advirtió que la vulneración de la neutralidad puede generar sanciones electorales, administrativas e incluso penales.
En el plano electoral, un funcionario de alto nivel que favorece a un partido puede ser objeto de amonestaciones públicas, multas y restricciones en su participación en actos oficiales vinculados al proceso.
En el ámbito administrativo, podría abrirse un proceso disciplinario por uso indebido de recursos del Estado. Y en el plano penal, los artículos 359 y 367 del Código Penal establecen sanciones para quienes interfieran en un proceso electoral, favorezcan de manera indebida a una agrupación política o afecten la imparcialidad del proceso.
¿Por qué está vinculado Fuerza Popular?
El caso surge tras la solicitud de la ex fiscal de la Nación, Delia Espinoza, quien pidió declarar ilegal a Fuerza Popular en el marco de una investigación judicial. Ante este hecho, la PCM difundió un pronunciamiento cuestionando dicha solicitud.
Para el JNE, esta acción no se trató de una opinión personal, sino de una postura institucional emitida desde el Ejecutivo. La difusión del comunicado en cuentas oficiales del Estado sería lo que constituye una presunta infracción a la neutralidad electoral.
El tema es especialmente delicado porque Fuerza Popular es una de las agrupaciones con mayor presencia en el escenario político de cara a las elecciones de 2026, y cualquier señal de respaldo o rechazo desde el Ejecutivo puede alterar el principio de igualdad entre los participantes.
¿Qué instancia resolverá el caso?
El Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 será la entidad encargada de revisar el informe del JNE y definir si corresponde abrir una investigación formal contra Eduardo Arana.
De confirmarse la infracción, el caso podría escalar al pleno del Jurado Nacional de Elecciones, lo que implicaría un pronunciamiento de mayor impacto político en pleno contexto preelectoral.
Por ahora, el JNE ha advertido la necesidad de preservar la imparcialidad del Ejecutivo en este periodo y ha recordado que todos los altos funcionarios, sin excepción, deben abstenerse de emitir opiniones o acciones que puedan interpretarse como apoyo a una organización política.
¿Qué está en juego?
La revisión de este caso marca un precedente en la vigilancia sobre el comportamiento de los funcionarios públicos durante un proceso electoral. La figura del premier Arana es clave, ya que se trata del segundo cargo político más importante después de la presidenta Dina Boluarte.
Si el JEE determina que hubo una infracción, no solo podría abrirse un proceso sancionador, sino que además se pondría en entredicho la credibilidad del Gobierno en materia electoral, lo que podría tensar aún más el clima político de cara a los comicios generales de 2026.
La pregunta central es: ¿hasta qué punto el pronunciamiento de la PCM constituye una opinión institucional y no una manifestación política personal? La respuesta será clave para determinar la responsabilidad de Arana.
El caso de Eduardo Arana y la observación del JNE abre un nuevo frente en la relación entre el Ejecutivo y el proceso electoral. Mientras la población espera elecciones transparentes, el más alto funcionario del gabinete queda bajo la lupa por presunta falta de imparcialidad.
De confirmarse la infracción, el premier podría enfrentar sanciones que lo pondrían en una situación complicada a meses de los comicios. Y, más allá de lo personal, el episodio muestra cómo cualquier acto del Estado puede ser interpretado como un mensaje político en plena campaña.