El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, informó que la entidad se encuentra evaluando si el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, incurrió en una infracción al principio de neutralidad electoral, luego de participar recientemente en un evento público en el que se presentaron locomotoras donadas por la empresa Caltrain para el proyecto del tren Lima-Chosica.
Según Burneo, el caso ha sido derivado al área de fiscalización, la cual analizará si la aparición del burgomaestre en dicho acto representó una vulneración de las normas electorales vigentes, especialmente en un contexto preelectoral donde los funcionarios públicos deben abstenerse de realizar actos que puedan influir en la intención del voto.
“En el caso del alcalde de Lima, respecto al hecho que sucedió hace unos días, está siendo evaluado según lo que ha informado el área de fiscalización”, precisó Burneo en entrevista con el programa Prueba de Fuego, emitido por RPP.
¿Qué se considera una infracción a la neutralidad electoral?
El principio de neutralidad electoral obliga a todas las autoridades, funcionarios y servidores públicos a no utilizar su cargo, recursos o actos oficiales para favorecer o perjudicar a una organización política, candidato o lista electoral. En este contexto, la participación de López Aliaga en la presentación de una obra pública puede ser interpretada como una forma de promoción indebida.
“La sanción en este tipo de casos puede ser una amonestación o una multa de hasta 30 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), es decir, más de S/ 154,000”, detalló Burneo.
2,755 casos en evaluación: una fiscalización sin precedentes
Burneo también reveló que el JNE tiene actualmente 2,755 informes en curso, en los que se evalúa si distintos funcionarios públicos han cometido infracciones a la neutralidad electoral en diversas regiones del país. Esta cifra refleja una intensa labor de control por parte del órgano electoral, que busca garantizar unas elecciones justas y transparentes de cara a los comicios de 2026.
Entre los casos más relevantes se encuentra también el del gobernador regional de La Libertad, César Acuña, quien habría organizado un mitin político en pleno ejercicio de funciones, lo que también podría ser sancionado.
“En el caso de Acuña ya hay un informe presentado ante el Jurado Electoral Especial con sede en Lambayeque”, explicó el presidente del JNE.
¿Es Rafael López Aliaga un reincidente en controversias políticas?
Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular, no es ajeno a la polémica. Desde su gestión como alcalde, ha sido objeto de críticas por sus apariciones mediáticas, sus declaraciones políticas y sus posiciones conservadoras. Si bien no ha sido sancionado anteriormente por el JNE, algunos analistas sostienen que existe un patrón de comportamiento que podría comprometer su neutralidad institucional.
El evento que ha generado esta nueva investigación fue presentado como una actividad oficial, pero coincidió con una etapa sensible del calendario electoral, lo que ha llevado a sospechar sobre una posible utilización política del acto.
¿Qué consecuencias políticas podría tener esta evaluación del JNE?
Aunque las sanciones por violar la neutralidad electoral no suelen implicar la destitución del cargo, una eventual multa o amonestación formal podría afectar la imagen del alcalde y abrir la puerta a cuestionamientos legales o éticos, especialmente si López Aliaga tiene aspiraciones electorales futuras, ya sea en 2026 o más adelante.
Además, el hecho de que esté bajo evaluación por parte de un organismo autónomo como el JNE puede intensificar el escrutinio público y mediático sobre su gestión.
Un llamado a la responsabilidad institucional
Desde el JNE, la postura ha sido clara: todos los funcionarios públicos, sin excepción, deben actuar con prudencia y responsabilidad en sus intervenciones públicas, especialmente en el marco de procesos electorales.
“Ellos verifican lo que el área de fiscalización informa respecto de los hechos que comentas y ahí se determinará si hubo o no infracción”, subrayó Burneo, dejando claro que el proceso está en etapa de análisis y no hay una decisión definitiva aún.
La evaluación del caso de Rafael López Aliaga se da en un contexto de creciente tensión electoral en el país, donde los límites entre la gestión pública y la propaganda política parecen cada vez más difusos. Mientras el JNE continúa su labor de fiscalización, la ciudadanía espera respuestas claras y acciones firmes que garanticen el respeto de las reglas democráticas.
La imparcialidad del proceso electoral depende, en gran parte, de la conducta de las autoridades en ejercicio. Sea cual sea el resultado de la investigación, el mensaje es claro: la neutralidad no es una opción, es una obligación constitucional.
