Isabel Cajo participó en redacción de ley contra inseguridad ciudadana

Según el congresista Edwin Martínez, Cajo recopiló información para dos iniciativas de ley, una centrada en la seguridad alimentaria y otra en la seguridad ciudadana, la cual es la más controvertida.

por Edgar Mandujano

Isabel Cajo, quien trabajó en la redacción de un proyecto de ley contra la inseguridad ciudadana, se ha visto envuelta en una controversia. Según el congresista Edwin Martínez, Cajo participó en la recopilación de información para iniciativas legales, especialmente en una propuesta que busca otorgar a la Policía la capacidad de realizar intervenciones sin autorización judicial ni fiscal. Este proyecto, que ha generado debate, plantea medidas drásticas en la lucha contra la delincuencia.

Según el congresista Edwin Martínez, Cajo recopiló información para dos iniciativas de ley, una centrada en la seguridad alimentaria y otra en la seguridad ciudadana, la cual es la más controvertida.

El proyecto de ley propone otorgar a la Policía Nacional del Perú facultades excepcionales para intervenir o realizar allanamientos sin la necesidad de una autorización judicial o la presencia de un fiscal. Esta medida, según Martínez, tiene como objetivo permitir intervenciones inmediatas en situaciones críticas, como un secuestro, sin que se espere la autorización de las autoridades del Ministerio Público o el Poder Judicial.

El legislador explicó que, bajo esta nueva ley, la Policía podría ingresar a un domicilio y realizar una intervención sin la presencia de un fiscal o juez, si se trata de una situación urgente. Este enfoque busca mejorar la eficacia en la respuesta ante delitos, pero también ha generado controversia por el riesgo de vulnerar derechos fundamentales como el debido proceso.

El proyecto de ley será presentado en los próximos días y promete seguir siendo un tema de debate debido a sus implicaciones en el equilibrio entre seguridad y derechos civiles. La propuesta busca reforzar las acciones de la Policía, pero también plantea desafíos en cuanto al respeto de las garantías constitucionales.

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