El Gobierno intensifica su lucha contra la minería ilegal, una actividad que no solo daña el medio ambiente, sino que está estrechamente vinculada al crimen organizado. Entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2025, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional ejecutaron 422 operativos de interdicción en diversas regiones del país. Esta ofensiva busca erradicar un problema que afecta la seguridad, el desarrollo económico y la paz social.
El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, reafirmó el compromiso del Ejecutivo de enfrentar este flagelo con firmeza y enfoque integral. Enfatizó que, además de las acciones punitivas, se impulsa la formalización minera y el desarrollo de alternativas sostenibles para las comunidades impactadas, especialmente en zonas críticas como la provincia de Pataz, donde actúa el Comando Unificado con resultados concretos.
En esa provincia, las fuerzas del orden realizan intervenciones estratégicas, control territorial y bloqueo logístico para interrumpir las operaciones ilegales. Las acciones se concentran en zonas clave como Calquiche, Shicun y Pamparacra, con apoyo de entidades como Sunat y Sucamec, y se emplea tecnología de trazabilidad para evitar el transporte ilegal de explosivos, maquinarias e insumos.
Además, el reciente retiro de 1,425 registros suspendidos del Reinfo permite distinguir con mayor claridad entre minería informal y actividades ilegales, lo que fortalece el control estatal. Estas acciones se articulan con el trabajo de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental y el proceso de diálogo promovido por el Ejecutivo mediante la Mesa de Desarrollo Integral de Pataz, en busca de soluciones sostenibles y de largo plazo.