Un informe de la Comisión de Fiscalización del Congreso reveló serias irregularidades en las contrataciones hechas durante la gestión del partido Alianza para el Progreso (APP), liderado por César Acuña. Según el documento, más de 700 personas fueron contratadas sin cumplir los requisitos legales ni técnicos establecidos.
Uno de los casos más mediáticos es el de Andrea Vidal, una joven que fue asesinada en diciembre de 2024. Ella trabajaba en la Oficina de Asesoría Legal y Constitucional del Congreso y, según el informe, fue contratada sin experiencia adecuada y con un sueldo de hasta S/ 8,000 mensuales. Otros nombres mencionados en la lista son Isabel Cajo y Alexandra Gil, también contratadas sin cumplir con los perfiles requeridos.
El informe señala a Jorge Torres Saravia, exfuncionario y operador de APP, como una figura clave en estas contrataciones. Se le acusa de falsificar documentos para obtener un alto cargo, y de facilitar el ingreso de personal ligado al entorno político de su partido. La Contraloría calcula un perjuicio económico superior a los S/ 230,000 por estas prácticas.
Aunque el informe descarta la existencia de una red de prostitución en el Congreso, sí reconoce que se trató de una “contratación masiva e irregular” de personas sin mérito, muchas de ellas con vínculos políticos. Otro nombre que resalta es el de Jacqueline Lozano Millones, considerada cercana a Acuña, quien fue contratada en condiciones cuestionables.
El caso también salpica a otras áreas como prensa y comunicaciones, donde se detectaron sueldos desproporcionados y contrataciones sin sustento. Esto ha generado críticas por el uso indebido de recursos públicos y ha incrementado la presión sobre APP y sus representantes en el Legislativo