Las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (FEMA) llevaron a cabo una diligencia de interdicción que permitió desarticular importantes focos de minería ilegal en el distrito de Ocaña, provincia de Lucanas, departamento de Ayacucho, en una zona que colinda con el área arqueológica protegida de las Líneas de Nasca.
El operativo fue liderado por los fiscales adjuntos provinciales José Luis Ortecho y Danithza Valdez, en coordinación con la Policía Nacional del Perú, funcionarios del Ministerio de Energía y Minas, y de la Sunat. El despliegue permitió actuar en áreas de alta sensibilidad ambiental y cultural, asegurando la preservación del patrimonio arqueológico nacional.
Daños a las Líneas de Nasca
Durante la intervención, se detectó que uno de los socavones y una planta de beneficio se encontraban dentro del área de protección arqueológica de las Líneas de Nasca, constituyendo una grave amenaza para este legado histórico de la humanidad.
La acción permitió la destrucción de cuatro socavones y tres plantas de beneficio, además de bienes, maquinaria e insumos empleados en la actividad minera ilegal, conforme a lo establecido por el Decreto Legislativo N.º 1100, que regula las acciones contra la minería ilegal.
Bienes destruidos en la operación
Los equipos fiscales dispusieron la destrucción de:
- 4 coches mineros
- 3 kits de herramientas
- 11 carretillas
- 9 palas
- 193 galones de diésel
- 3 socavones
- 1 extractor de aire
- 600 m de manguera
- 1 costal de nitrato de amonio
- 1 bocamina usada como almacén
- 2 pulmones de aire
- 11 motores
- 3 generadores eléctricos
- 8 campamentos rústicos
- 5 campamentos mineros
- 1 panel solar
- 2 taladros
- 5 quimbaletes rústicos
- 18 pozas de cianuración
- 2 mezcladoras
- 7 molinos de bolas
- 30 kilos de cal
- 2 chancadores
- 2 molinos giratorios
- 30 sacos de material metálico
La diligencia forma parte de las acciones permanentes del Ministerio Público orientadas a enfrentar la minería ilegal en zonas de especial vulnerabilidad ambiental y cultural. Estas intervenciones se realizan en coordinación con diversas instituciones del Estado, en el marco de la normativa vigente, y tienen como finalidad prevenir daños irreversibles al entorno ecológico y al patrimonio arqueológico del país.