El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) anunció una nueva estrategia integral de control penitenciario para enfrentar las comunicaciones ilegales desde los penales del país, una práctica que sigue alimentando las operaciones del crimen organizado dentro y fuera de las cárceles.
De acuerdo con la medida, los operativos serán permanentes y contarán con la participación del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas (FF.AA.), según lo dispuesto por el Decreto Supremo N.° 127-2025-PCM, que amplía el Estado de Emergencia en el sistema penitenciario nacional.
Operativos permanentes y decomisos de chips y celulares
El Gobierno ha dispuesto operativos de incautación de chips telefónicos, celulares, armas blancas y otros objetos prohibidos, bajo la conducción del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) del INPE. Estas intervenciones buscan desarticular las redes de comunicación clandestinas que operan desde las cárceles y que, según diversas investigaciones, facilitan extorsiones, fraudes y órdenes criminales hacia el exterior.
El MINJUSDH indicó que los operativos se ejecutarán de manera simultánea en distintas regiones, con el respaldo de unidades especializadas de la PNP y de las FF.AA., como parte de una política de tolerancia cero contra la corrupción interna y la connivencia con bandas criminales.
Además, se activó un Comité de Inteligencia Penitenciaria encargado de prevenir fugas, motines y actos de violencia, y de ejecutar acciones de inteligencia preventiva dentro de los penales.
¿Qué medidas adicionales contempla el decreto?
El Decreto Supremo N.° 127-2025-PCM autoriza al INPE a realizar el traslado inmediato de internos que pongan en riesgo la seguridad penitenciaria, sean hallados en flagrancia delictiva o estén involucrados en actividades criminales. Dichos traslados podrán ejecutarse sin previo aviso, bajo lo establecido en el artículo 112-A del Código de Ejecución Penal.
Asimismo, el decreto faculta la rotación del personal penitenciario por “necesidad institucional o de servicio”, una medida que busca evitar vínculos o patrones de corrupción entre internos y trabajadores. El Sistema de Inteligencia Nacional aplicará pruebas de confiabilidad mediante el uso del polígrafo al personal del INPE, con el objetivo de detectar posibles casos de connivencia.
Estas disposiciones, según el MINJUSDH, serán aplicadas a nivel nacional, con énfasis en los penales de Lima y Callao, donde el Estado de Emergencia ha sido ampliado y el control de acceso se efectúa con la presencia de la PNP y las FF.AA..
Control tecnológico y bloqueadores de señal
Uno de los ejes más sensibles de la medida es el control tecnológico. En coordinación con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), el MINJUSDH ha ordenado intensificar las inspecciones y pruebas técnicas para garantizar el correcto funcionamiento de los bloqueadores e inhibidores de señales radioeléctricas dentro de los establecimientos penitenciarios.
Estas inspecciones buscan impedir que las redes de telefonía móvil sigan operando desde el interior de las cárceles, donde los chips y celulares ilegales se han convertido en las principales herramientas de los reclusos vinculados a organizaciones criminales.
El MTC, según adelantaron fuentes oficiales, verificará que los equipos de bloqueo estén en pleno funcionamiento y calibrados conforme a los estándares técnicos, pues en varios penales del país —como Lurigancho, Castro Castro y Challapalca— se han reportado zonas ciegas donde los inhibidores no logran anular completamente las señales.
El problema estructural: comunicaciones criminales desde las cárceles
La venta y tráfico de chips hacia los penales ha sido un problema crónico en el Perú. Según reportes del INPE y la PNP, los internos continúan liderando extorsiones y estafas telefónicas desde sus celdas, utilizando líneas registradas a terceros o adquiridas sin control real de identidad.
En ese contexto, la nueva política de control busca cerrar el circuito de impunidad tecnológica, reforzando tanto la inteligencia penitenciaria como el control civil y militar sobre las redes de comunicación.
El ministro de Justicia, según fuentes del sector, evalúa además promover una modificación legislativa para endurecer las penas contra los funcionarios penitenciarios o agentes policiales que ingresen dispositivos electrónicos a los penales.
¿Cuál es el objetivo final del MINJUSDH?
El objetivo declarado del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos es neutralizar las comunicaciones ilegales y recuperar el control total del sistema penitenciario. El plan de acción contempla también el uso de tecnología de vigilancia aérea con drones, que permitirá monitorear movimientos sospechosos en los alrededores de los penales.
Con estas medidas, el Ejecutivo busca contener la influencia del crimen organizado desde los establecimientos penitenciarios, donde, según estimaciones oficiales, más del 60 % de las extorsiones telefónicas del país se originan.
El reforzamiento de los controles marca el inicio de una nueva etapa de seguridad penitenciaria, donde la coordinación interinstitucional entre el INPE, la PNP, las FF.AA. y el MTC se convierte en un componente clave para enfrentar la criminalidad tecnológica y la corrupción carcelaria.