El jefe del gabinete ministerial, Alberto Adrianzén, destacó la actitud cívica de los transportistas que participaron en la paralización, subrayando su derecho a la protesta. Sin embargo, advirtió que este tipo de medidas, aunque legítimas, no constituyen una solución efectiva frente a la creciente amenaza de la delincuencia en el país. El Ejecutivo instó a encontrar formas más constructivas de abordar los desafíos de seguridad.
El ministro de Transportes, Raúl Pérez Reyes, informó que el 100% de la flota del Metropolitano y los corredores complementarios operaron con normalidad, a pesar de las movilizaciones. Aseguró que su sector entiende las preocupaciones del gremio, pero cuestionó la politización de las protestas, señalando que algunos grupos intentaron desviar el foco de las demandas del sector transporte para exigir la liberación del expresidente Pedro Castillo.
En el ámbito educativo, el ministro Morgan Quero reportó que, en Lima Metropolitana, el 98% de las escuelas públicas y el 97.5% de las privadas continuaron con clases remotas, mientras que en el Callao, la modalidad virtual fue adoptada por todas las instituciones. A pesar de las dificultades, el sistema educativo logró adaptarse, minimizando el impacto en la formación de los estudiantes.
En resumen, el Gobierno reafirma el respeto al derecho a la protesta, pero resalta que las soluciones a los problemas del país deben ser más efectivas y menos disruptivas, especialmente cuando afectan a la seguridad y a la educación.
