El Gobierno peruano ha fortalecido la lucha contra la extorsión con la aprobación del Decreto Supremo N° 007-2025-JUS, que otorga a la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú) la capacidad de congelar fondos o activos vinculados a este delito. La medida responde a los acuerdos alcanzados en el Consejo de Seguridad Ciudadana 2024 y busca atacar al crimen organizado de manera más efectiva.
La nueva norma modifica la Ley N° 27693, permitiendo que la UIF-Perú, a solicitud de la Policía Nacional del Perú (PNP), pueda inmovilizar preventivamente los fondos sospechosos de estar relacionados con extorsiones. Esta acción tiene como objetivo cortar el flujo de dinero ilícito y evitar que las mafias sigan financiando actividades delictivas.
Con esta medida, la UIF-Perú bloqueará las cuentas sospechosas y notificará al Poder Judicial, que tendrá 24 horas para decidir si valida o revoca la congelación. Además, la Fiscalía podrá devolver los fondos a las víctimas siempre que se demuestre que el dinero fue obtenido por extorsión.
Esta estrategia, alineada con los estándares internacionales, busca mejorar el control financiero en el país, debilitando las organizaciones criminales al cortar su principal recurso: el dinero. La medida se considera un paso clave para combatir la extorsión y proteger a los ciudadanos.
