En un hecho que genera debate nacional, el Gobierno del Perú promulgó la ley que concede amnistía a militares, policías y miembros de los Comités de Autodefensa que participaron en la lucha contra el terrorismo. La norma, que fue respaldada por el Congreso y firmada por la presidenta Dina Boluarte, busca reconocer las acciones de quienes enfrentaron a Sendero Luminoso y al Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) durante el conflicto interno que marcó la historia reciente del país.
El premier Gustavo Arana subrayó que la medida “tiene la intención de reivindicar el esfuerzo y la lucha que tanto militares, policías y ciudadanos efectuaron contra el terrorismo, en defensa de la paz y de la seguridad nacional”. La promulgación llega en un contexto donde las heridas del conflicto armado aún dividen opiniones y el debate sobre derechos humanos sigue abierto.
¿Qué implica la amnistía?
La nueva ley establece que los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y comités de autodefensa procesados o condenados por delitos cometidos en el marco de operaciones contra el terrorismo quedarán exentos de responsabilidad penal, siempre que se compruebe que actuaron en cumplimiento de su deber y en legítima defensa.
La norma excluye casos de violaciones graves a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y desapariciones forzadas. Sin embargo, críticos advierten que su aplicación podría abrir la puerta a interpretaciones que favorezcan a personas con procesos judiciales pendientes.
Memoria y polémica
Durante las décadas de 1980 y 1990, el Perú vivió un conflicto armado interno que dejó más de 69 mil víctimas, según la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). La violencia no solo provino de los grupos subversivos, sino que también hubo denuncias contra agentes del Estado por ejecuciones extrajudiciales y abusos.
Para las asociaciones de exmilitares y excombatientes, la amnistía representa “un acto de justicia largamente esperado”. No obstante, organizaciones de derechos humanos sostienen que se debe evitar que esta ley se convierta en un manto de impunidad que obstaculice la investigación y sanción de delitos graves.
El respaldo político y social
El Ejecutivo, encabezado por Dina Boluarte, impulsó la medida como parte de un paquete de políticas de seguridad y fortalecimiento de las Fuerzas Armadas. El premier Arana sostuvo que “no se puede seguir tratando como delincuentes a quienes expusieron su vida para salvar la del país”.
El respaldo político provino principalmente de bancadas conservadoras y de regiones que fueron escenario directo de la violencia, como Ayacucho, Junín, Huancavelica y San Martín. En estos lugares, los comités de autodefensa jugaron un papel clave en frenar el avance de Sendero Luminoso.
La pregunta que divide al Perú
¿Es esta amnistía un acto de justicia histórica o una concesión peligrosa que puede debilitar la búsqueda de verdad y reparación?
La respuesta divide a políticos, juristas y ciudadanos. Para algunos, se trata de saldar una deuda moral con quienes arriesgaron su vida. Para otros, podría significar un retroceso en los estándares internacionales de derechos humanos.
La promulgación de esta ley coloca al Perú en un debate ya vivido por otros países que enfrentaron conflictos internos: cómo equilibrar el reconocimiento a las fuerzas de seguridad con la necesidad de mantener la vigencia de la justicia. En el terreno político, el Ejecutivo gana apoyo en sectores militares y policiales, pero arriesga tensiones con organizaciones civiles e instancias internacionales.
En los próximos meses, el verdadero impacto de la norma se medirá en los tribunales, cuando casos emblemáticos sean revisados a la luz de esta amnistía.
