El Gobierno peruano aceptó la renuncia de Fredy Hernán Hinojosa Angulo, quien se desempeñó como jefe del Gabinete de Asesores de la Secretaría General del Despacho Presidencial. Su salida fue formalizada mediante la Resolución Suprema N.º 252-2025-PCM, publicada el sábado 18 de octubre en el diario oficial El Peruano. Con esta decisión, el Ejecutivo marcó distancia de uno de los exfuncionarios más cercanos a la expresidenta Dina Boluarte Zegarra.
La resolución fue suscrita por el presidente José Jerí Oré y el presidente del Consejo de Ministros, confirmando la dimisión del también exvocero presidencial. Hinojosa había asumido el cargo en marzo de 2025, en reemplazo de Juan José Santiváñez, quien posteriormente fue nombrado ministro de Justicia y Derechos Humanos.
Un hombre del entorno de Boluarte
Durante la administración anterior, Hinojosa Angulo fue considerado uno de los colaboradores de mayor confianza de Dina Boluarte. Entre mayo del 2024 y febrero del 2025, ocupó la Vocería Presidencial, encargada de canalizar la comunicación oficial del Ejecutivo. Antes de eso, había sido director ejecutivo del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, entre 2019 y noviembre del 2022, durante la gestión del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).
Su trayectoria dentro del aparato estatal siempre estuvo vinculada al ámbito social y administrativo. Desde el 29 de agosto de 2025, también encabezó la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental del Despacho Presidencial, función clave para la coordinación entre ministerios y entidades públicas. Este órgano asesor —según el Reglamento de Organización y Funciones del Despacho Presidencial— tenía como tarea central la articulación de la agenda presidencial con los diversos sectores del Estado.
Sin embargo, su paso por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) se vio empañado por las acusaciones fiscales que comenzaron a acumularse en su contra a raíz del escándalo Qali Warma.
Bajo la lupa del Ministerio Público
El Ministerio Público abrió una investigación preliminar contra Fredy Hinojosa por los presuntos delitos de organización criminal, cohecho pasivo genérico, cohecho pasivo propio e impropio, y tráfico de influencias. La tesis fiscal sostiene que, en su condición de director ejecutivo del programa Qali Warma, Hinojosa habría favorecido a determinadas empresas privadas en los procesos de contratación con el Estado.
De acuerdo con las investigaciones, se habrían manipulado licitaciones y contratos con proveedores específicos para direccionar recursos públicos en beneficio de terceros. Entre las compañías involucradas figura Frigoinca, cuya presunta participación ilícita fue señalada por Michael Burga, hijo del fallecido empresario Nilo Burga, en el marco de un acuerdo de colaboración eficaz.
“Hay muchos aspectos que el señor Hinojosa tiene que absorber y por eso está comprendido en una carpeta fiscal. Tendrá que declarar ante el Ministerio Público y decidir si busca defender su inocencia o colaborar con la justicia”, declaró el abogado Luis Capuñay en una entrevista con Exitosa Noticias el 8 de julio pasado.
El distanciamiento del gobierno de José Jerí
La renuncia de Hinojosa fue interpretada en círculos políticos como un acto de deslinde del gobierno de José Jerí respecto al entorno de Dina Boluarte. Fuentes del Ejecutivo señalaron que la decisión se habría tomado tras conocerse el avance de las investigaciones fiscales y los informes de seguimiento interno elaborados por la Secretaría de Integridad Pública.
Aunque el Ejecutivo no emitió un pronunciamiento político, la resolución marca el retiro definitivo de uno de los funcionarios más influyentes del periodo Boluarte, cuya presencia en Palacio de Gobierno generaba críticas por su cercanía con exministros investigados.
Con su salida, el Gabinete de Asesores de la Secretaría General del Despacho Presidencial quedó temporalmente a cargo de un equipo técnico interino, mientras se define su reemplazo.
Un cierre político inevitable
La renuncia de Fredy Hinojosa no solo puso fin a una etapa de gestión vinculada a la administración anterior, sino que también reflejó el intento del actual gobierno por marcar independencia institucional frente a los cuestionamientos éticos y judiciales heredados.
Hinojosa, abogado y funcionario de carrera, deja el Ejecutivo en medio de un panorama político incierto y con varios procesos fiscales pendientes. Su caso se suma a una larga lista de exfuncionarios investigados por el Ministerio Público por presuntas irregularidades en programas sociales del Estado.
Mientras tanto, en los pasillos de Palacio se comenta que su salida era “cuestión de tiempo”. El nuevo gobierno, que busca consolidar una imagen de transparencia, decidió finalmente romper con los vínculos del pasado reciente y enviar un mensaje claro hacia el interior del Ejecutivo: tolerancia cero frente a los actos de corrupción.