La congresista Gladys Echaíz presentó un proyecto de reforma constitucional que propone ampliar el plazo de detención policial hasta 15 días naturales para los presuntos implicados en delitos de sicariato y extorsión. La iniciativa busca dotar de mayores herramientas a la Policía Nacional y al Ministerio Público frente al crecimiento del crimen organizado en el país.
Una medida frente al avance del crimen organizado
La propuesta, registrada bajo el Proyecto de Ley N.° 12338/2025-CR, fue presentada el 5 de septiembre en la plataforma oficial del Congreso de la República. Echaíz, exfiscal de la Nación y actual integrante de la bancada Honor y Democracia, sostiene que la extensión de la detención preventiva es “necesaria e indispensable” debido a la complejidad de las investigaciones relacionadas con redes criminales.
“Los delitos de sicariato y extorsión presentan múltiples formas de ejecución y estructuras organizadas que dificultan la identificación de sus autores y cómplices. Por ello, el plazo actual resulta insuficiente para obtener pruebas contundentes”, explicó la legisladora.
El Perú enfrenta un incremento alarmante de la violencia en diversas regiones. Según datos recientes del Ministerio del Interior, en lo que va del 2025 se han registrado más de 1,200 casos de sicariato y un aumento sostenido de las extorsiones en zonas como La Libertad, Lima y Loreto.
¿Qué plantea el proyecto de Gladys Echaíz?
La propuesta busca modificar el literal f), numeral 24, del artículo 2° de la Constitución, permitiendo que las autoridades policiales puedan retener a un detenido hasta por 15 días naturales cuando esté vinculado a delitos de sicariato, extorsión u organizaciones criminales.
Actualmente, la Constitución establece que ninguna persona puede permanecer detenida por más de 48 horas sin mandato judicial, salvo en casos excepcionales como terrorismo, espionaje y narcotráfico, donde el plazo se amplía hasta 15 días. Con esta reforma, sicariato y extorsión se incorporarían a esa lista.
Claves de la iniciativa:
- La detención preventiva por sicariato y extorsión pasaría de 48 horas a 15 días naturales.
- La PNP deberá informar al Ministerio Público y al juez competente durante el proceso.
- Se busca facilitar la obtención de pruebas y la identificación de los implicados.
- La medida se aplicaría solo en casos de flagrancia o cuando existan indicios sólidos.
Seguridad ciudadana: una prioridad nacional
La inseguridad ciudadana es uno de los problemas más graves del país. Según la última encuesta del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 7 de cada 10 peruanos sienten temor de ser víctimas de extorsión, robo o sicariato.
En regiones como Trujillo y Chiclayo, las bandas criminales utilizan extorsiones para controlar negocios y financian sus operaciones con el sicariato. Solo en La Libertad, la PNP registra más de 300 asesinatos por encargo en los últimos 18 meses.
Frente a esta crisis, Echaíz sostiene que el Estado necesita actuar con firmeza:
“El tiempo actual no permite realizar investigaciones eficaces. Con este plazo extendido, la PNP y la Fiscalía podrán ejecutar operativos más estratégicos y asegurar pruebas antes de que los delincuentes evadan la justicia”.
¿Qué opinan los expertos sobre la propuesta?
El proyecto ha generado opiniones divididas. Para algunos especialistas en derecho penal, la medida puede resultar efectiva siempre que existan controles judiciales claros.
El abogado penalista Luis Lamas Puccio comentó:
“En contextos donde el crimen organizado avanza, es válido dar más herramientas a la PNP. Sin embargo, se deben garantizar los derechos fundamentales y evitar abusos de autoridad”.
Por otro lado, organizaciones de derechos humanos advierten que extender la detención preventiva podría derivar en detenciones arbitrarias si no hay un marco legal robusto. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos ha pedido que el Congreso abra un debate amplio antes de aprobar la reforma.
Preguntas clave sobre la iniciativa
¿Por qué se busca ampliar el plazo de detención policial?
Porque la investigación de sicariato y extorsión involucra redes complejas, múltiples autores y pruebas digitales que requieren más tiempo para ser procesadas.
¿La medida afectará los derechos constitucionales?
La propuesta contempla que la PNP deba informar al Ministerio Público y al juez competente en todo momento, para evitar detenciones arbitrarias.
¿Qué impacto tendría en la lucha contra el crimen organizado?
Podría facilitar operativos efectivos, capturas masivas y una mejor recolección de pruebas, fortaleciendo los casos judiciales.
Próximos pasos en el Congreso
El proyecto será derivado a la Comisión de Constitución para su evaluación y posterior debate en el Pleno del Congreso. Se prevé que sectores vinculados a la seguridad ciudadana respalden la medida, mientras que organizaciones civiles y bancadas de oposición podrían presentar observaciones.
De aprobarse, la reforma constitucional requeriría dos votaciones sucesivas en el Congreso y alcanzar una mayoría calificada de 87 votos.
