Investigación formal por muerte en protesta en el Cercado de Lima
El caso que ha reabierto el debate sobre el uso de la fuerza policial en protestas llegó a una nueva etapa judicial. El Ministerio Público solicitó al Poder Judicial que imponga comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país al suboficial Luis Magallanes Gaviria, acusado del presunto delito de homicidio simple por la muerte del joven Eduardo Ruiz Sanz durante las manifestaciones del 15 de octubre en el Cercado de Lima.
De acuerdo con la disposición fiscal N.º 06, emitida el 23 de octubre de 2025, el pedido fue presentado ante el Juzgado de Investigación Preparatoria como parte de la formalización de la investigación. El agente se encuentra actualmente detenido en el Hospital Nacional PNP “Luis N. Sáenz”, bajo custodia y a disposición de la autoridad judicial, mientras se define su situación jurídica.
La investigación está a cargo de la Tercera Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada de Lima, que ha recogido múltiples elementos de convicción para sustentar el requerimiento de medidas coercitivas, entre ellos los informes forenses, pericias balísticas y testimonios de los presentes durante la jornada de protesta.
Peritajes y trayectoria del proyectil
Uno de los puntos más sensibles del expediente fiscal es el resultado de la necropsia médico-legal realizada a Eduardo Ruiz, la cual determinó una herida penetrante en el hemitórax anterior izquierdo, con trayectoria de adelante hacia atrás, pero sin características de disparo a corta distancia.
Según el informe balístico incorporado al expediente, el proyectil habría rebotado antes de impactar en la víctima. La bala —que presentaba deformaciones en base, cuerpo y ojiva— impidió una identificación exacta del arma que la disparó. Este hallazgo refuerza la hipótesis de un impacto indirecto, lo que podría cambiar la calificación penal del caso si se confirma que el agente no apuntó directamente al joven.
La Fiscalía y la Policía Nacional tienen previsto realizar una reconstrucción de los hechos en el jirón Tambo de Belén, lugar donde ocurrió el enfrentamiento, con el objetivo de esclarecer si el disparo fue directo o producto de un rebote.
La conclusión de esta diligencia será determinante para establecer si hubo un uso indebido de la fuerza letal o un acto defensivo accidental en medio de una situación de riesgo.
Medidas solicitadas al Poder Judicial
La solicitud fiscal no busca una prisión preventiva inmediata, sino la aplicación de comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país, medidas que aseguran la presencia del investigado durante el proceso judicial mientras se evalúan los indicios acumulados.
El requerimiento fue remitido formalmente a la División de Investigación de Homicidios de la Policía Nacional, adjuntando la disposición de formalización y el oficio con el pedido de medidas coercitivas.
Entre los elementos de convicción que sustentan la acusación figuran el acta fiscal del 15 de octubre, el informe de necropsia, los resultados balísticos preliminares y testimonios de manifestantes y efectivos policiales. La Fiscalía sostiene que estos documentos permiten inferir la existencia del delito y la vinculación del agente con el hecho investigado.
Perfil del suboficial investigado
El suboficial Luis Magallanes Gaviria, de 28 años, es natural de Iquitos, región Loreto, y cuenta con instrucción técnica superior completa. Está casado y pertenece a la Policía Nacional del Perú desde hace varios años. Su defensa está integrada por cuatro abogados registrados ante el Colegio de Abogados de Lima, quienes han solicitado que se respete el debido proceso y que se valoren los informes técnicos antes de adoptar medidas restrictivas.
La disposición fiscal también incluyó en la investigación al efectivo Omar Paul Saavedra Bautista, quien habría estado presente durante los enfrentamientos. Las primeras diligencias comprendieron la exhibición de documentos oficiales y la toma de declaraciones en la DIVSEESP PNP.
Contexto y repercusión pública
La muerte de Eduardo Ruiz Sanz generó repercusión nacional debido a que ocurrió en el marco de una manifestación ciudadana en el centro de Lima, donde se registraron disturbios y enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden.
El caso ha sido considerado un nuevo test para evaluar la actuación policial en escenarios de protesta y la efectividad de los protocolos de uso de la fuerza. ¿Hasta qué punto puede atribuirse responsabilidad penal a un agente cuando la trayectoria del proyectil indica rebote? ¿Existe suficiente evidencia para sostener una acusación por homicidio simple?
Estos interrogantes marcan el tono de una investigación que podría sentar precedentes sobre el tratamiento judicial de muertes en protestas sociales en el Perú.
El Ministerio Público, en coordinación con el Instituto de Medicina Legal, continúa recabando pericias complementarias y planea incorporar nuevas pruebas gráficas y de video tomadas por transeúntes y medios de comunicación durante los hechos.
Próximos pasos en el proceso penal
La Tercera Fiscalía Penal Supraprovincial solicitó al juzgado competente que fije fecha y hora para la audiencia de evaluación de las medidas solicitadas. Hasta entonces, Magallanes permanecerá bajo detención en el hospital policial, donde se recupera bajo vigilancia y custodia.
En los próximos días, el Ministerio Público deberá decidir si amplía el requerimiento hacia una prisión preventiva, dependiendo del resultado de los peritajes pendientes y del nivel de riesgo procesal que determine el juez.
El caso se ha convertido en un punto de atención para organizaciones de derechos humanos y para los gremios policiales, que han pedido que el proceso sea “técnico y no político”.
Mientras tanto, la familia de Eduardo Ruiz exige justicia y transparencia en una investigación que, según el propio expediente, aún tiene diligencias cruciales por ejecutar.