La Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo presentó una acusación que marca un nuevo capítulo en la investigación de los crímenes cometidos por el MRTA en la Amazonía peruana. El Ministerio Público solicitó cadena perpetua para Víctor Polay, fundador y exlíder del grupo terrorista, por los delitos de homicidio calificado y terrorismo agravado en el caso conocido como ‘Las Gardenias’. Además, se requirió 18 meses de prisión preventiva, cuya audiencia se realizará este 26 de noviembre.
La solicitud de la Fiscalía no solo alcanza a Polay. También comprende a María Cumpa, Peter Cárdenas, Alberto Gálvez, Lino Manrique y Sístero García, quienes son acusados como autores mediatos de asesinatos perpetrados contra ciudadanos de la comunidad LGTBI en la región San Martín entre 1989 y 1992. Según la acusación, estos hechos constituyen graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el marco de un plan sistemático de persecución.
El ataque en la discoteca ‘Las Gardenias’
De acuerdo con la investigación, el Frente Nororiental del MRTA, liderado por Lino Manrique, ejecutó a ocho hombres de la comunidad LGBTI dentro de la discoteca ‘Las Gardenias’, en Tarapoto, en mayo de 1989. Este ataque es considerado uno de los actos de violencia más crudos registrados durante la expansión subversiva en la Amazonía.
Un año después, en 1990, el mismo grupo subversivo asesinó a Luis Pinchi, un estilista de Tarapoto, como parte del llamado plan de “limpieza social” que el MRTA habría aprobado en su II Comité Central de 1988. Este lineamiento establecía la eliminación de personas consideradas “indeseables” para la organización, dentro de una lógica de control territorial y disciplinamiento social.
Más víctimas y un patrón sistemático
La Fiscalía atribuye al MRTA dos crímenes adicionales cometidos bajo el mismo patrón de persecución. En 1991, fue asesinado Silvano Vela, y en 1992, Salomón Pérez, ambos ejecutados debido a su orientación sexual, según el documento fiscal.
La acusación sostiene que estas muertes no fueron hechos aislados, sino parte de un mecanismo estructurado de violencia, dirigido y avalado por la alta dirigencia de la organización subversiva.
Audiencia y compromiso institucional
La audiencia de control de la acusación fiscal está programada para el 28 de noviembre, fecha en que se evaluará la consistencia del pedido y las penas propuestas para los acusados.
A través de este caso, la Fiscalía Especializada subrayó su compromiso con la búsqueda de la verdad histórica, la reparación para los familiares de las víctimas de crímenes de odio, y la imposición de sanciones contra quienes vulneraron derechos fundamentales “por razones de orientación sexual”.