La Fiscalía solicitó ocho años y seis meses de prisión para el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK), tras presentar una acusación formal por presunto delito de colusión en el marco del caso IIRSA Norte. La fiscal provincial Diana Liz Canchihuamán Castañeda, integrante del Equipo Especial Lava Jato, entregó el requerimiento al Poder Judicial para su control de legalidad.
El Ministerio Público sostiene que Kuczynski habría favorecido indebidamente a la constructora Odebrecht durante el proceso de promoción y concesión del Eje Multimodal Amazonas Norte, entre 2003 y 2005. Según la acusación fiscal, estas coordinaciones se habrían realizado mientras PPK ocupaba los cargos de ministro de Economía y presidente del Consejo Directivo de Proinversión.
Reuniones con Jorge Barata para supuestamente beneficiar a Odebrecht
La Fiscalía señala que Kuczynski sostuvo reuniones con Jorge Henrique Simoes Barata, entonces representante de Odebrecht en el Perú, con el objetivo de asegurar la adjudicación del proyecto a la compañía brasileña y a sus socios Andrade Gutiérrez y Graña y Montero. Dichas acciones habrían derivado en un perjuicio económico al Estado ascendiente a US$ 108 439 773,97.
Penas solicitadas y acusados
Además de PPK, la acusación incluye a José Ortiz, para quien también se solicita ocho años y seis meses de cárcel. Para Sergio Bravo, Alberto Pasco-Font, Glodomiro Sánchez, David Lemor, René Cornejo, Aldo Bresani y Vicente Campodónico, el requerimiento fiscal asciende a nueve años de prisión.
Todos ellos formaron parte de los órganos responsables de la evaluación, promoción y concesión del proyecto IIRSA Norte, una de las obras emblemáticas ejecutadas por consorcios vinculados a Odebrecht durante la etapa investigada.
Acusación número 31 del Equipo Especial Lava Jato
Con este caso, el Equipo Especial suma ya 31 acusaciones presentadas ante el Poder Judicial dentro de las investigaciones por presuntos actos de corrupción asociados a empresas brasileñas.
La fiscal Canchihuamán reafirmó que esta nueva presentación forma parte del compromiso institucional de perseguir delitos que afecten los intereses del Estado y el uso adecuado de los recursos públicos.