¿Qué se sabe del nuevo caso que remece el sistema arbitral peruano?
En un nuevo capítulo del megacaso Lava Jato en el Perú, el Ministerio Público, a través del Equipo Especial liderado por la fiscal provincial Diana Liz Canchihuamán Castañeda, presentó una acusación penal formal contra un grupo de reconocidos árbitros y abogados por presuntamente haber favorecido de manera ilegal a la empresa Odebrecht en 17 procesos arbitrales vinculados a importantes obras públicas entre los años 2011 y 2015.
Los acusados principales en esta nueva entrega judicial son Richard Martín, Humberto Abanto, Franz Kundmüller, Fernando Cantuarias, Emilio Cassina, entre otros profesionales que participaron como árbitros en procedimientos decisivos donde, según la Fiscalía, se habría montado una estructura criminal para direccionar decisiones en perjuicio del Estado peruano.
¿Qué obras públicas están involucradas?
La acusación se centra en cinco megaproyectos de infraestructura:
- Interoceánica Sur (tramos 2 y 3)
- Interoceánica Norte
- Carretera Empalme PE-5N Cuñumbuque-Zapatero-San José de Sisa
- Carretera Callejón de Huaylas–Chacas–San Luis
En estas obras, ejecutadas por el consorcio liderado por Odebrecht, se habrían presentado reclamos millonarios por conceptos no contemplados en los contratos originales. Tales solicitudes fueron llevadas a arbitrajes que, de acuerdo con la Fiscalía, eran direccionados previamente para fallar a favor de la empresa brasileña.
El mecanismo era sistemático: primero, se presentaba una demanda arbitral por adicionales presupuestales; luego, se elegían árbitros que formaban parte de la organización criminal; finalmente, el laudo se resolvía favoreciendo a la empresa, previo pago de sobornos a los árbitros involucrados.
¿Qué delitos se imputan y qué penas se solicitan?
La Fiscalía ha solicitado penas de hasta 25 años y cuatro meses de prisión para los acusados, por los presuntos delitos de:
- Organización criminal
- Cohecho pasivo específico
- Colusión agravada
- Otros delitos vinculados a corrupción de funcionarios
Según el documento acusatorio, los árbitros implicados no solo favorecieron a Odebrecht, sino que además ocultaron y legitimaron las ganancias obtenidas mediante estos fallos, aumentando así su patrimonio con dinero de origen ilícito.
La fiscal Canchihuamán sostiene que los laudos arbitrales no fueron errores jurídicos, sino acciones premeditadas y coordinadas dentro de una red delictiva, que operó desde el sector justicia, el ámbito privado y diversas entidades del Estado.
¿Qué impacto tiene esta acusación en el sistema judicial?
Este caso, conocido mediáticamente como el “Caso Árbitros”, representa la acusación penal número 27 que el Equipo Especial Lava Jato presenta ante el Poder Judicial desde que se inició la investigación en el Perú.
Pero más allá de las cifras, el proceso toca un punto neurálgico del sistema de justicia peruano: los procesos arbitrales, que hasta ahora eran vistos como un mecanismo confiable para resolver controversias contractuales. La presunta corrupción de árbitros de renombre nacional e internacional pone en entredicho la transparencia de este mecanismo alternativo de justicia.
Además, el caso podría generar efectos dominó en arbitrajes similares que hayan tenido lugar durante el mismo periodo, abriendo la puerta a nuevas investigaciones, anulaciones de laudos e incluso procesos de responsabilidad patrimonial contra el Estado.
¿Cuál es el contexto político y legal actual?
Este proceso se da en un contexto donde el Perú aún lidia con las secuelas del caso Lava Jato y la constante presión para sancionar con firmeza a quienes participaron en redes de corrupción estructuradas.
Odebrecht —hoy bajo otro nombre— confesó haber pagado sobornos a funcionarios y terceros en varios países latinoamericanos para obtener beneficios contractuales. En Perú, la empresa admitió pagos ilegales que superan los 30 millones de dólares en múltiples proyectos.
Con esta nueva acusación, la Fiscalía refuerza su estrategia de investigar no solo a funcionarios públicos, sino también a profesionales del ámbito jurídico que facilitaron y legitimaron actos de corrupción desde posiciones de influencia.
