En la madrugada de este martes, el Ministerio Público, en conjunto con la Policía Nacional del Perú (PNP), allanó la vivienda de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, ubicada en el distrito limeño de San Borja.
El operativo, que comenzó alrededor de las 5:20 a. m., forma parte del Operativo Ícaro, una estrategia anticorrupción que busca desmantelar presuntas redes de influencias dentro del Estado. La intervención fue dirigida por fiscales especializados en delitos de corrupción.
Según fuentes fiscales, el allanamiento responde a una investigación por presuntos actos de favorecimiento ilícito, uso de influencias, cobros indebidos y encubrimiento de pruebas.
¿Qué delitos se le imputan?
La Fiscalía acusa a Nicanor Boluarte de estar involucrado en cuatro presuntos delitos:
- Favorecimiento ilícito en procesos administrativos relacionados con la Defensoría de la Policía del Ministerio del Interior.
- Cobros indebidos a cambio de mantener a generales en sus cargos.
- Presiones para favorecer a la mina El Dorado, en Ayacucho.
- Encubrimiento de pruebas en medio de las investigaciones.
Además, se sospecha que se habría buscado garantizarle un “entorno laboral estable” para evitar medidas judiciales, lo que podría constituir obstrucción a la justicia.
Otros inmuebles también fueron allanados
Simultáneamente, el Ministerio Público intervino una oficina en San Isidro vinculada al general en retiro Percy Tenorio, cercano al actual ministro de Justicia, Juan José Santiváñez.
Aunque Santiváñez no ha sido formalmente implicado, esta conexión pone el foco en una posible cadena de favores dentro del gobierno.
El caso de la mina El Dorado
Una de las líneas de investigación más graves tiene que ver con el presunto uso irregular de operativos policiales para beneficiar a privados.
Entre agosto y septiembre de 2024, los propietarios de las minas El Dorado, Agripina 1 y Agripina 2, en Ayacucho, perdieron la autorización de operación. Aun así, hubo ingresos no autorizados a los terrenos.
Pese a esa irregularidad, se habría organizado un operativo policial para recuperar el control de la zona, impulsado cuando Juan José Santiváñez aún era ministro del Interior. Según la Fiscalía, esto habría favorecido ilegalmente a los antiguos dueños, en perjuicio de los procedimientos regulares.
¿Qué busca el Operativo Ícaro?
El Operativo Ícaro es una estrategia del Ministerio Público enfocada en desarticular redes de corrupción en entidades estatales. Investiga si altos funcionarios, militares en retiro y empresarios han actuado en conjunto para manipular decisiones administrativas, proteger intereses económicos y evitar sanciones legales.
Esta operación marca un punto clave en las investigaciones, al poner en la mira no solo a funcionarios públicos, sino también al entorno directo de la presidenta.
¿Qué impacto tiene esto en el Gobierno?
Este nuevo escándalo golpea nuevamente la imagen del gobierno de Dina Boluarte, ya afectada por una baja aprobación ciudadana y acusaciones previas.
Que su propio hermano esté siendo investigado por corrupción complica aún más el escenario político. Además, abre la posibilidad de que el Congreso exija explicaciones o promueva interpelaciones a ministros vinculados indirectamente al caso.
La presidenta no ha emitido declaraciones al respecto, pero se espera un pronunciamiento oficial en las próximas horas.
