La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, ha puesto en duda las cifras de detenciones reportadas por la Policía Nacional del Perú (PNP) entre enero y marzo de 2025. Según la PNP, se habrían capturado más de 73,000 personas en flagrancia, una cifra considerablemente mayor a los 32,578 registros de la Fiscalía. Espinoza enfatizó que los datos proporcionados por la Policía no han sido verificados, lo que genera incertidumbre sobre la precisión de los operativos y su efectividad en la lucha contra la criminalidad.
La discrepancia entre los informes de la Fiscalía y la PNP ha generado preocupaciones sobre la veracidad de los operativos y la confiabilidad de las cifras presentadas. Mientras la PNP informa sobre un promedio diario de más de 900 detenciones, la Fiscalía sostiene que muchos de estos casos no están debidamente documentados ni validados. Espinoza cuestionó, además, que algunas detenciones pudieran haber sido arbitrarias, afectando la integridad de los procedimientos.
En cuanto a los allanamientos realizados en la casa del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, la fiscal Espinoza defendió la legalidad de estas acciones. Aseguró que fueron autorizadas por un juez y que la Fiscalía tenía la obligación de ejecutarlas, dada su responsabilidad legal. Espinoza explicó que, de no haber cumplido con el mandato judicial, habría sido denunciada por omisión de funciones, subrayando la independencia y el compromiso de la Fiscalía en su labor.
Este cruce de cifras y opiniones refleja un clima de tensión entre las autoridades encargadas de la seguridad en el país. La fiscal reafirmó que la Fiscalía no actúa por intereses políticos, sino con total autonomía, sin dejarse influir por presiones externas. Mientras tanto, las discrepancias siguen siendo un tema clave en el debate sobre la efectividad de las políticas de seguridad pública.
