El exviceministro de Comunicaciones Jorge Luis Cuba Hidalgo dejó el territorio nacional el pasado 20 de julio, apenas seis días antes de la lectura de sentencia en su contra por el caso Metro de Lima, una de las primeras investigaciones emblemáticas del caso Odebrecht en el Perú. El Ministerio Público ha solicitado para él una pena de 35 años de prisión por su presunta participación en una red de sobornos que benefició a la constructora brasileña en la adjudicación de los dos primeros tramos del megaproyecto de transporte.
La información fue confirmada durante la audiencia judicial de este miércoles 24 de julio, en la que el fiscal José Domingo Pérez comunicó que la Policía Nacional del Perú reportó la salida del país de Cuba por vía terrestre, cruzando la frontera norte hacia Ecuador. La situación ha generado alarma no solo en el Poder Judicial, sino también en la opinión pública, debido al riesgo de fuga en un proceso de alta sensibilidad política y judicial.
El caso Metro de Lima fue una de las primeras investigaciones iniciadas tras la revelación de los pagos ilícitos de Odebrecht a funcionarios peruanos, que estalló en 2016 y derivó en una serie de procesos por corrupción, colusión agravada y lavado de activos. La figura de Jorge Cuba es central en este expediente, ya que ocupó un cargo estratégico en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) cuando se licitaron las obras del sistema de transporte subterráneo.
Una fuga que revive los fantasmas de la impunidad
La salida del país de Jorge Cuba se produce en un contexto donde los esfuerzos por sancionar a los responsables de los casos Odebrecht siguen enfrentando trabas procesales, apelaciones y dilaciones. El hecho de que el exviceministro haya salido del país justo antes de la lectura de su sentencia alimenta las sospechas sobre una posible fuga planificada, pese a las restricciones judiciales que debería haber enfrentado en esta etapa procesal.
Durante la audiencia, el fiscal Pérez señaló:
“Hemos presentado un escrito en el que la Policía Nacional ha dado cuenta que el señor Jorge Luis Cuba Hidalgo ha salido del país el 20 de julio por vía terrestre, por la frontera con Ecuador”.
Este pronunciamiento generó sorpresa en la sala, ya que la audiencia de lectura de sentencia estaba debidamente programada para el 24 de julio a las 9:00 a.m., y todos los acusados habían sido notificados. La defensa de Cuba no dio detalles sobre su paradero ni sobre posibles medidas para su retorno al país.
Otros acusados y penas solicitadas
Jorge Cuba no es el único implicado en este caso. Entre los demás procesados destacan el exfuncionario Edwin Luyo, la exvoleibolista y pareja sentimental de Cuba, Jessica Tejada, así como otros exfuncionarios y operadores que participaron en la adjudicación de los tramos I y II del Metro de Lima.
El Ministerio Público ha solicitado penas de hasta 35 años de cárcel para Edwin Luyo, mientras que para Tejada se pidió una condena de 25 años de prisión. Los demás implicados enfrentan pedidos fiscales de hasta 34 años de pena privativa de la libertad, según consta en el expediente que lleva ya más de dos años y medio en juicio oral.
Cabe recordar que Odebrecht admitió haber pagado sobornos en Perú por más de 29 millones de dólares entre 2005 y 2014, lo que motivó la firma de un acuerdo de colaboración eficaz con las autoridades peruanas. Este acuerdo permitió acceder a documentos, delaciones y evidencia clave para esclarecer los vínculos entre funcionarios públicos y los directivos de la constructora brasileña.
El caso que marcó un antes y un después en la lucha anticorrupción
El caso Metro de Lima, iniciado en 2017, se convirtió en uno de los primeros procesos judiciales vinculados al escándalo Lava Jato en el país. A diferencia de otras investigaciones que involucran expresidentes o gobernadores regionales, este expediente avanzó de manera sostenida y alcanzó la etapa de juicio oral en un plazo razonable.
La construcción del Metro de Lima, una de las obras más grandes en infraestructura del país, estuvo marcada desde sus inicios por denuncias de corrupción. Según las investigaciones, Odebrecht habría pagado millonarios sobornos para asegurarse la buena pro del contrato, a cambio de lo cual funcionarios del MTC habrían facilitado los trámites técnicos y administrativos.
La lectura de sentencia para este caso marca un hito, no solo por el tiempo transcurrido, sino también por el precedente que podría establecer en términos de responsabilidad penal para altos funcionarios públicos que favorecieron intereses privados a costa del Estado.
La eventual inhabilitación y captura de Jorge Cuba serán ahora prioridades para el sistema judicial, que deberá actuar con rapidez para evitar que el caso termine como tantos otros: con fugas impunes y sin sanción efectiva. Su salida del país representa un nuevo reto para la cooperación internacional en materia penal y una prueba para la eficacia del sistema de alertas migratorias.
