El reciente asesinato de Jhon Vigney Romero Melchor, conductor de una combi de la empresa “La Unidad de Villa” (ruta 22), junto con un pasajero no identificado, evidencia el alarmante nivel de violencia que enfrentan los transportistas en Lima. El ataque, perpetrado en plena avenida Los Héroes en San Juan de Miraflores, forma parte de una serie de agresiones y amenazas que han sufrido los trabajadores del sector en los últimos dos años.
Extorsión: una crisis en el transporte público
Según testimonios de los conductores, las bandas de extorsionadores les exigen pagos regulares bajo amenazas de muerte. A pesar de que han denunciado estos hechos, las autoridades no han logrado identificar ni capturar a los responsables. Esto ha generado una situación de zozobra en la que los trabajadores del transporte deben elegir entre pagar para operar con “seguridad” o enfrentar las consecuencias mortales de la negativa.
Impacto en los trabajadores y usuarios
Este ataque ha llevado a los conductores de la ruta a suspender sus labores en señal de protesta. Argumentan que sin garantías de seguridad, su vida está constantemente en riesgo. La paralización del servicio también afecta a miles de usuarios que dependen del transporte público para sus actividades diarias, lo que refleja cómo la crisis de inseguridad golpea no solo a los transportistas sino a la ciudad en general.
Falta de respuesta estatal
La inoperancia de las autoridades frente a la extorsión en el transporte público es una preocupación recurrente. La ausencia de estrategias efectivas de inteligencia policial y la corrupción en algunas entidades han permitido que las mafias sigan operando con impunidad. Los transportistas exigen medidas concretas como operativos de desarticulación de bandas criminales, mayor presencia policial y mecanismos de denuncia más eficientes y seguros.
Conclusión
El asesinato de un conductor y su pasajero es una señal de alarma sobre la creciente violencia en el transporte público. La extorsión se ha convertido en una amenaza latente para los trabajadores del sector, quienes exigen acción inmediata de las autoridades. Sin una respuesta efectiva del Estado, la inseguridad continuará cobrando vidas y afectando a miles de ciudadanos.