La Representación Nacional aprobó un dictamen que autoriza la expulsión inmediata de delincuentes extranjeros capturados en flagrancia. Esta medida legislativa, adoptada con 97 votos a favor, busca responder al creciente clamor ciudadano por una mayor seguridad frente a la delincuencia extranjera. Al no requerirse una sentencia judicial, se agiliza el proceso legal y se permite que un juez ordene la deportación de manera rápida y efectiva.
Según el comunicado oficial, esta iniciativa será enviada al Ejecutivo para su promulgación, tras haber sido exonerada de una segunda votación. El texto legal también contempla que el extranjero expulsado no podrá volver a ingresar al país durante el tiempo equivalente a la condena que hubiese recibido. Además, se establece la posibilidad de que el Estado peruano confisque bienes del implicado como forma de reparación civil por los daños ocasionados.
La medida se enmarca dentro de una política más amplia del gobierno de Dina Boluarte, que ha hecho un llamado a las autoridades judiciales y fiscales a reforzar la lucha contra la criminalidad. Diversas encuestas, como la realizada por CPI y Exitosa en 2024, muestran que el 95 % de los peruanos está a favor de la expulsión de extranjeros que cometan delitos. Este apoyo masivo refleja la percepción de que la migración descontrolada ha influido negativamente en la seguridad pública.
No obstante, la decisión también ha abierto el debate sobre el respeto al debido proceso y los derechos humanos. Diversos sectores advierten que esta ley podría dar lugar a abusos o discriminación si no se implementa con transparencia y mecanismos de supervisión legal. La expulsión de extranjeros por flagrancia plantea un desafío entre garantizar la seguridad y mantener el equilibrio con los principios democráticos. La atención ahora se centra en la implementación efectiva y justa de esta norma en el contexto social peruano.
