La congresista Diana Gonzales, vicepresidenta de la Comisión de Energía y Minas, respondió de forma crítica al anuncio de la Confederación Nacional de Mineros Artesanales del Perú (Confemin), que amenazó con retomar movilizaciones si el Ejecutivo no modifica el Decreto Supremo 09-2025-EM, relacionado al uso de explosivos.
En entrevista con RPP, la legisladora se mostró sorprendida por lo que calificó como una “inusitada preocupación” de los dirigentes de Confemin ante el vencimiento del plazo para iniciar el trámite de autorización de uso de explosivos. “El país no puede someterse a ese tipo de condicionamientos”, expresó.
¿Por qué protestan los mineros artesanales?
Ismael Palomino, coordinador nacional de Confemin, indicó que el Decreto Supremo 09-2025-EM establece como fecha límite el 17 de agosto para que los mineros inicien el trámite de autorización de uso de explosivos ante Sucamec. Sin embargo, denunció que no existen suficientes polvorines en el país para cumplir con este requisito.
“Necesitamos tener 31 000 polvorines y en el país no hay los necesarios. Al 17 de agosto, los 31 560 mineros artesanales no vamos a poder cumplir con ese requisito porque es inviable”, declaró.
Ante este escenario, Confemin amenazó con retomar las protestas si no se flexibilizan las normas o se prorroga el plazo.
Diana Gonzales responde: “No es aceptable ningún condicionamiento”
Para Diana Gonzáles, el reclamo tiene un trasfondo más complejo que la sola exigencia técnica. Según explicó, los dirigentes de Confemin ya conocían el marco normativo y han operado sin cumplirlo.
“Se supone que han debido tener esto durante todo este tiempo. Cualquier persona natural o jurídica que requiere explosivos debe contar con autorización previa de Sucamec. No es algo nuevo”, señaló.
Criticó también que recién muestren preocupación cuando se fija un plazo formal para iniciar el trámite, calificándolo de “repentina presión” con fines políticos.
¿Explosivos sin control? El trasfondo del conflicto
La congresista recordó que en reuniones previas de la comisión se evidenció un patrón de intentos de presión y amenazas por parte de algunos dirigentes mineros.
“Recuerdo que han intentado condicionar el sentido de las reuniones. Incluso, el Ministerio Público en la mesa de trabajo señaló que ‘la informalidad linda con la ilegalidad y propicia la criminalidad’”, apuntó.
Según Gonzáles, en espacios cerrados y sin presencia de medios, los líderes de Confemin adoptan una postura conciliadora, pero luego al salir, “presentan otro perfil, con amenazas públicas”.
¿Qué es el Decreto Supremo 09-2025-EM?
Esta norma, emitida por el Ejecutivo en mayo de 2025, regula el uso y control de explosivos en actividades mineras artesanales, estableciendo como obligatorio el inicio del trámite de inscripción ante Sucamec antes del 17 de agosto.
El decreto forma parte del marco legal que busca combatir la minería informal y los riesgos asociados al uso sin control de materiales explosivos, muchas veces empleados en actividades ilegales o con impacto ambiental severo.
¿Qué pasa si no cumplen con el decreto?
De no iniciar el trámite dentro del plazo establecido, los mineros artesanales podrían quedar fuera del proceso de formalización, lo que impediría su acceso a derechos como comercialización legal, financiamiento y protección legal.
Además, las autoridades podrían iniciar intervenciones y sanciones, lo cual eleva la tensión entre los gremios y el Estado.
Participación de Salhuana en la comisión de Energía y Minas
Consultada por el interés del congresista Eduardo Salhuana —expresidente del Congreso— de integrarse a la Comisión de Energía y Minas, Gonzáles señaló que no hay impedimento legal, aunque aclaró que no ha sido autor de ninguna iniciativa sobre minería artesanal (MAPE).
“Cualquier congresista puede integrar las comisiones, incluso sin ser titular. En los últimos debates, varios legisladores sin membresía en la comisión participaron con voz, lo que es completamente válido según el reglamento”, explicó.
Contexto político y tensiones crecientes
Este nuevo episodio entre el Congreso, el Ejecutivo y las organizaciones de mineros artesanales se suma a un escenario cada vez más complejo, con varios sectores sociales presionando por cambios normativos antes de las elecciones de 2026.
Mientras tanto, el Gobierno busca avanzar en la formalización del sector minero artesanal, en medio de crecientes denuncias por contaminación, violencia en zonas extractivas y posible vínculo con organizaciones criminales.
La advertencia de Diana Gonzáles no solo responde a una disputa puntual sobre explosivos, sino que pone en debate un tema más profundo: ¿hasta qué punto el Estado debe ceder ante gremios que operan al margen de la ley? La fecha límite del 17 de agosto podría ser clave para definir si se impone la legalidad o si nuevas protestas logran doblarle el brazo al Gobierno.
