El Consejo Nacional de Política Criminal (CONAPOC) aprobó por unanimidad la construcción de un nuevo penal de máxima seguridad en la isla El Frontón. Este centro estará destinado exclusivamente a líderes de organizaciones criminales violentas, en un intento del Estado por frenar el poder que ejercen desde las cárceles.
El Frontón vuelve al foco: ¿por qué construir una cárcel de máxima seguridad en una isla?
En un hecho sin precedentes en la política penitenciaria reciente del Perú, el Consejo Nacional de Política Criminal (CONAPOC) —integrado por representantes de todas las instituciones del sistema judicial y de seguridad— aprobó por unanimidad el inicio de la construcción de un penal de máxima seguridad en la isla El Frontón.
Este nuevo centro penitenciario, que será levantado bajo la modalidad de obras por impuestos, tendrá como objetivo principal aislar a los cabecillas de organizaciones criminales violentas, quienes, desde los actuales penales comunes, continúan operando redes de extorsión, sicariato, tráfico de drogas y corrupción.
La decisión marca un cambio de estrategia en la lucha contra el crimen organizado y abre un debate nacional sobre la viabilidad, impacto y simbolismo de revivir la infraestructura penitenciaria en una isla que forma parte de la historia más convulsa del país.
¿Por qué El Frontón?
El Frontón, isla ubicada frente al Callao, fue durante décadas sinónimo de aislamiento extremo y control penal. Allí funcionó uno de los penales más temidos del país, desactivado tras la trágica matanza de internos en 1986. Hoy, casi cuatro décadas después, el Estado busca recuperar este espacio con un nuevo enfoque.
Un equipo técnico del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus) visitó recientemente la isla para evaluar sus condiciones geográficas, logísticas y ambientales. Según el reporte oficial, se identificaron áreas viables para levantar infraestructura penitenciaria de alta seguridad, así como espacios para plantas de tratamiento de agua potable y aguas residuales, y un sistema de almacenamiento.
El objetivo: diseñar un penal autónomo, seguro y sostenible que cumpla con los más altos estándares internacionales.
Un penal solo para los más peligrosos
La nueva cárcel no estará destinada a reos comunes. El enfoque del Ministerio de Justicia es claro: este penal será exclusivo para los líderes de organizaciones criminales violentas, es decir, aquellos sentenciados que representan un riesgo permanente para la seguridad nacional incluso desde prisión.
“El país necesita cortar el vínculo entre los cabecillas criminales y el exterior. Muchos siguen operando desde sus celdas, ordenando extorsiones, asesinatos y secuestros. Eso va a terminar”, declaró el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, quien calificó esta decisión como “histórica”.
Este anuncio se da en medio de una creciente ola de violencia en regiones como Lima, Trujillo y Piura, donde las bandas criminales han demostrado capacidad operativa y armada.
Obras por impuestos: inversión privada para seguridad pública
Uno de los puntos que ha despertado mayor interés es el modelo de financiamiento elegido: obras por impuestos (OxI). Esta modalidad permite que empresas privadas ejecuten obras públicas a cambio de deducciones tributarias.
Según el Minjus, este mecanismo no solo agilizará el proceso constructivo, sino que garantizará estándares técnicos y ambientales adecuados. Además, se espera que la participación privada facilite la implementación de tecnología de punta para la vigilancia, el control y la seguridad interna.
La propuesta de utilizar OxI en proyectos de seguridad ha sido bien recibida por sectores empresariales, quienes consideran que fortalecer el sistema penitenciario es esencial para garantizar un entorno favorable para la inversión y la paz social.
¿Es esta la solución definitiva al crimen organizado?
La aprobación del nuevo penal ha generado distintas reacciones en el espectro político y social. Algunos sectores ven con buenos ojos la medida, considerando que el Estado está recuperando la iniciativa frente al crimen. Otros, sin embargo, plantean interrogantes sobre el respeto a los derechos humanos, el acceso a la defensa legal de los internos y el uso del aislamiento extremo como política penitenciaria.
También se ha abierto un debate sobre la memoria histórica: ¿cómo lidiar con el pasado de El Frontón, escenario de uno de los episodios más sangrientos del conflicto armado interno en el Perú?
La respuesta oficial ha sido enfática: “Este no será un regreso al pasado. Es un nuevo penal, con otra lógica, otra tecnología y un enfoque distinto. Pero necesitamos retomar el control”, aseguró Santiváñez.
Seguridad como prioridad nacional
La construcción del penal de El Frontón se inscribe en una estrategia mayor del gobierno para combatir el crimen organizado y reducir la violencia. En lo que va del año, se han registrado más de 170 homicidios solo en Lima Metropolitana, muchos vinculados a organizaciones delictivas transnacionales.
En ese contexto, el control de los líderes criminales desde su reclusión es una pieza clave. Diversos informes de inteligencia han advertido que muchos operan a través de teléfonos móviles, abogados infiltrados y redes externas que les permiten mantener el mando desde las prisiones.
El nuevo penal busca romper esa cadena de mando, estableciendo un régimen de control estricto y vigilancia continua.
