El debate político en el Perú volvió a tensarse tras el pronunciamiento de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), que rechazó los insultos y ataques verbales contra la presidenta Dina Boluarte. La advertencia se produjo luego de una serie de expresiones ofensivas registradas en espacios públicos y mediáticos, que desde el Ejecutivo se consideran una forma de violencia.
El premier subrayó que no se puede tolerar que la violencia verbal se disfrace de crítica legítima ni que se confunda con libertad de expresión. “No podemos permitir la violencia verbal que se ejerza contra la señora Dina Boluarte, no sé si lo hacen por ser mujer, por su origen andino y creen que no se puede defender. Es un ataque a la persona, no un ataque a la investidura”, señaló.
“El insulto no es crítica”
La posición del Ejecutivo fue respaldada por la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ana Peña, quien hizo hincapié en que los insultos no constituyen críticas políticas válidas, sino una manifestación de violencia que alimenta una cadena de agresiones.
“No podemos permitir ni normalizar los insultos que se están dando en algunos medios de comunicación. Los insultos no son críticas, no es libertad de expresión. El insulto es violencia”, enfatizó Peña, al recordar que su sector atiende casi 100 mil casos de violencia al año, muchos de ellos que se inician precisamente con ataques verbales.
La ministra recalcó que tolerar los insultos hacia la mandataria equivaldría a validar un acto de violencia contra una mujer, algo que contradice la política del Estado en materia de igualdad de género y protección frente a la violencia.
Libertad de prensa y límites del discurso
Uno de los puntos más sensibles del pronunciamiento fue la relación entre los derechos de libertad de expresión y prensa y los límites que el Gobierno considera necesarios para evitar la violencia verbal. El premier insistió en que el Ejecutivo respeta plenamente la labor periodística, pero advirtió que ese derecho no debe usarse para encubrir insultos.
“Consideramos que todo acto de violencia debe ser proscrito. La libertad de información y de prensa es un pilar de la democracia, pero no puede servir como escudo para expresiones ofensivas contra autoridades”, remarcó.
La discusión no es menor: en un contexto político crispado, el discurso oficial puede ser interpretado por críticos como un intento de controlar o censurar la opinión pública, mientras que desde el Ejecutivo se plantea como una medida necesaria para evitar que el debate político caiga en la descalificación personal y la violencia simbólica.
¿Críticas legítimas o violencia disfrazada?
El debate abre una pregunta clave: ¿dónde termina la crítica política y dónde comienza la violencia verbal?.
Los analistas señalan que la figura presidencial, al representar el más alto cargo de la Nación, suele ser objeto de cuestionamientos severos. Sin embargo, cuando las expresiones pasan de la crítica a la ofensa personal, se traspasa una línea que puede erosionar tanto la convivencia democrática como la seguridad de la propia mandataria.
La PCM insistió en que la defensa de Boluarte no responde a un blindaje político, sino a la necesidad de garantizar el respeto entre ciudadanos y autoridades. Aun así, sectores opositores sostienen que el Gobierno busca victimizar a la presidenta para neutralizar las duras críticas por su gestión en seguridad, economía y derechos humanos.
Contexto de crispación política
El pronunciamiento ocurre en medio de una prolongada polarización política. Dina Boluarte ha enfrentado desde el inicio de su gestión protestas masivas, cuestionamientos a su legitimidad y un estilo de confrontación desde sectores opositores. En ese ambiente, el discurso público se ha endurecido, y expresiones ofensivas se han vuelto recurrentes tanto en redes sociales como en actos políticos.
Para algunos analistas, el Gobierno intenta marcar un límite discursivo para evitar que la violencia verbal escale en un país donde ya se han registrado episodios de violencia política en las calles. Para otros, se trata de una estrategia política para blindar la figura presidencial en un momento de alta desaprobación.