El parlamentario Edwin Martínez presentó este lunes 10 de noviembre una denuncia constitucional contra el presidente del Congreso de la República, Fernando Rospigliosi, por el presunto uso indebido de una cámara institucional del Parlamento en un evento de Fuerza Popular realizado el pasado 30 de octubre en Trujillo, donde Keiko Fujimori anunció su precandidatura presidencial.
Martínez solicita que se inicie una investigación contra Rospigliosi, con el objetivo de que se le apliquen sanciones que podrían incluir suspensión de funciones y la destitución de su cargo como presidente del Congreso. La denuncia se fundamenta en posibles infracciones a la Constitución Política del Perú, la Ley Orgánica del Congreso y la presunta utilización ilegal de bienes del Estado.
Solicitud de investigación fiscal
El legislador también pidió que los actuados sean remitidos al Ministerio Público para que se inicie la investigación fiscal correspondiente. Según Martínez, la gravedad del hecho no solo compromete la legalidad del denunciado, sino también la legitimidad de las instituciones democráticas.
“El uso de recursos públicos para fines partidarios representa una de las formas más graves de corrupción y abuso de poder y no puede quedar impune en un estado de derecho“, afirmó Martínez en su pronunciamiento.
Trámite en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales
La denuncia fue presentada ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, que ahora deberá tramitar el procedimiento y evaluar la pertinencia de la investigación. Este órgano es responsable de analizar denuncias constitucionales contra autoridades que podrían haber infringido la ley y la normativa institucional, garantizando que se respeten los derechos del denunciado y la transparencia del proceso.
De aprobarse la investigación, se abrirá un procedimiento formal que podría culminar en sanciones administrativas, políticas o legales contra Rospigliosi, dependiendo de los hallazgos del informe y las evidencias recabadas.
Contexto del caso
El evento en cuestión, realizado en Trujillo, fue el escenario donde Keiko Fujimori oficializó su precandidatura presidencial para las Elecciones Generales 2026. La denuncia señala que se utilizó equipo del Congreso de la República con fines partidarios, lo que podría constituir un uso indebido de recursos del Estado, atentando contra la neutralidad institucional que deben mantener las autoridades parlamentarias.
La investigación también busca determinar si existió responsabilidad de otras personas que hayan autorizado o participado en el uso del equipo institucional durante el acto partidario, y si hubo algún beneficio directo para la campaña política de Fuerza Popular.
Implicancias políticas y legales
El caso pone en el centro del debate la ética y legalidad en el manejo de bienes del Estado y la separación entre funciones institucionales y actividades partidarias. Además, genera interrogantes sobre la supervisión interna del Congreso y la necesidad de reforzar los mecanismos que eviten la utilización de recursos públicos para fines políticos.
Entre las preguntas clave que plantea la denuncia están:
- ¿Qué sanciones puede recibir un presidente del Congreso por uso indebido de bienes del Estado?
- ¿Cómo garantizar la neutralidad institucional durante los procesos electorales?
- ¿Qué impacto tendrá esta denuncia en la percepción ciudadana sobre la transparencia y la ética del Parlamento?
Próximos pasos del proceso
Una vez admitida la denuncia, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales deberá evaluar la documentación presentada, escuchar descargos de Rospigliosi si los solicita, y remitir un informe al Pleno del Congreso para la decisión final. Dependiendo de los resultados, se podrán aplicar sanciones disciplinarias y, en caso de confirmarse la comisión de delitos, se derivará el caso al Ministerio Público para investigación penal.
El legislador Edwin Martínez ha enfatizado que la acción busca proteger la institucionalidad y garantizar que la utilización de recursos públicos se limite a fines oficiales, especialmente en un contexto electoral donde la transparencia y la legalidad son prioritarias para la ciudadanía.