El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, defendió el reciente fallo del Tribunal Constitucional (TC) que ordena suspender las investigaciones fiscales contra la presidenta Dina Boluarte hasta que culmine su mandato. La decisión responde a la demanda competencial presentada por el Ejecutivo contra el Ministerio Público y el Poder Judicial, en torno a los límites constitucionales para investigar a un presidente en funciones.
En declaraciones a la Agencia Andina, Arana sostuvo que el pronunciamiento del TC no solo tiene implicancias inmediatas para el caso de Boluarte, sino que “sienta un precedente institucional” sobre cómo debe actuarse frente a cualquier mandatario.
“Lo más importante y destacable aquí es que se ha dicho lo siguiente: en un Estado democrático, constitucional y de derecho, la separación de poderes es fundamental para la convivencia de las instituciones”, expresó. Según el premier, la resolución establece con claridad el procedimiento para investigar al presidente de la República, sea quien sea.
“El Ministerio Público se excedió en sus funciones”
Durante su intervención, Arana subrayó que el fallo del TC revela que las actuaciones previas del Ministerio Público contra Boluarte carecían de “atributo de legalidad y legitimidad”.
“Todo el accionar anterior no ha tenido el atributo de legalidad, de legitimidad y, mucho menos, ha contribuido a sostener la democracia en nuestro país”, señaló el titular de la PCM, en referencia a las diligencias fiscales relacionadas con las muertes en las protestas de 2022 y 2023, el llamado caso Rolex y la desactivación del Equipo Especial de Apoyo al Eficcop.
El premier acusó a la Fiscalía de haber menoscabado el marco competencial de la Presidencia de la República, actuando fuera de lo que permite el artículo 117 de la Constitución, que solo contempla la posibilidad de acusar a un presidente en funciones por traición a la patria, impedir elecciones, disolver el Congreso ilegalmente o impedir el funcionamiento de los organismos electorales.
Dina Boluarte “no se corre” de las investigaciones
Pese al respaldo del TC, Arana aclaró que la presidenta Dina Boluarte “no teme a las investigaciones” y está dispuesta a afrontarlas una vez que concluya su mandato. Sin embargo, recalcó que no se puede permitir un uso indebido de las facultades del Ministerio Público para abrir carpetas fiscales contra la mandataria mientras ejerce funciones.
“La señora presidenta no pretende entorpecer las investigaciones. Ella no se corre. Pero las investigaciones no provienen de un hecho que signifique alguna comisión de delito”, declaró Arana, remarcando que el respeto al debido proceso y a la inmunidad presidencial es indispensable para la estabilidad política del país.
El trasfondo: protestas, Rolex y Fiscalía
El origen del conflicto entre el Ejecutivo y el Ministerio Público se remonta a diciembre de 2022, cuando se produjeron protestas sociales en diversas regiones del país tras la destitución del expresidente Pedro Castillo. La Fiscalía abrió investigaciones preliminares contra Boluarte por las muertes registradas entre diciembre de 2022 y marzo de 2023.
Posteriormente, se sumaron otras carpetas fiscales, como el caso Rolex —sobre presuntos relojes de lujo no declarados— y las denuncias por la desactivación del equipo policial de apoyo al Eficcop, que investigaba presuntos actos de corrupción en el Ejecutivo.
Con el fallo del TC, todas estas investigaciones quedarán suspendidas hasta el final del mandato presidencial. Una vez que Boluarte deje el cargo, las carpetas se reactivarán para continuar su curso en el ámbito judicial.
Separación de poderes y estabilidad política
La presidenta del Tribunal Constitucional recalcó que la decisión “no se centra en Dina Boluarte, sino en proteger la institucionalidad de la presidencia”. Según la sentencia, la inmunidad presidencial resulta “estrictamente necesaria” dada la naturaleza del cargo y la importancia de garantizar el adecuado ejercicio de la función ejecutiva.
Para Arana, esta determinación es clave para preservar el equilibrio entre poderes y evitar que investigaciones abiertas sin sustento constitucional generen inestabilidad política. “La separación de poderes es fundamental para la convivencia institucional y el respeto al Estado de derecho”, insistió.
¿Qué implicancias tiene el fallo para el futuro?
La decisión del TC marca un precedente para la relación entre el Ejecutivo, la Fiscalía y el Poder Judicial. En adelante, ningún presidente en funciones podrá ser investigado por delitos no contemplados en la Constitución, limitando así el alcance del Ministerio Público.
Sin embargo, la resolución también ha generado debate. Algunos sectores consideran que podría generar impunidad temporal y obstaculizar la transparencia, mientras que otros sostienen que se trata de una medida necesaria para evitar la persecución política.
La pregunta clave es: ¿fortalece este fallo la democracia al proteger la institucionalidad o debilita la rendición de cuentas al blindar a la presidenta? El escenario político seguirá marcado por esta tensión entre estabilidad y control democrático.
