La Procuraduría General del Estado (PGE) destituyó este viernes 5 de septiembre a Silvana Carrión, procuradora ad hoc del emblemático caso Lava Jato, tras aceptar los reiterados pedidos del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. La medida, presentada como una “pérdida de confianza”, ha desatado un fuerte debate sobre la independencia institucional y la influencia de intereses políticos en los procesos anticorrupción.
Carrión, quien lideraba la defensa del Estado en los procesos contra Odebrecht y otras constructoras brasileñas, denuncia que su salida es consecuencia directa de presiones externas y que detrás de la decisión existe un conflicto de interés, pues Renovación Popular, el partido de López Aliaga, está bajo investigación dentro del mismo caso.
¿Por qué fue destituida Silvana Carrión?
El anuncio se hizo oficial mediante un comunicado de la Procuraduría General del Estado, que informó sobre la “culminación de confianza” en la designación de Carrión. Sin embargo, la exprocuradora sostiene que no hubo razones técnicas ni evaluaciones objetivas que justificaran su salida.
“Es el primer acto consumado en el que la Procuraduría General del Estado permite injerencia política (…) El acta donde se analiza mi caso menciona que es a pedido del alcalde de Lima”, denunció Carrión.
De acuerdo con su versión, López Aliaga solicitó su apartamiento en al menos tres ocasiones, mientras que congresistas de su bancada, entre ellos Alejandro Muñante, presidente de la Comisión Lava Jato, acudieron personalmente a la PGE para exigir su destitución.
La situación ha encendido las alarmas sobre una posible politización de la lucha anticorrupción, ya que la procuradora encabezaba los procesos para garantizar las reparaciones civiles a favor del Estado.
¿Hay un conflicto de interés?
La denuncia de Carrión apunta directamente a un punto crítico: el partido Renovación Popular está vinculado a investigaciones en el marco del caso Odebrecht. La procuradora cesada era la encargada de impulsar acciones civiles contra agrupaciones y líderes políticos relacionados con los sobornos y contratos irregulares.
“El alcalde preside un grupo político que está incluido en un caso penal en el cual nosotros participamos. Hay un evidente conflicto vigente de interés”, advirtió.
En otras palabras, la decisión no solo afecta a una funcionaria, sino que podría debilitar la posición del Estado frente a un proceso de alcance histórico, donde se investigan redes de corrupción que comprometen a expresidentes, partidos políticos y constructoras extranjeras.
Mensajes, advertencias y presiones
La situación se agrava por las denuncias de hostigamiento personal. Carrión reveló que recibió mensajes intimidatorios en su celular por parte de López Aliaga, en los que le advertía sobre la posible difusión de campañas de desprestigio si no accedía a ciertos pedidos en procedimientos judiciales.
“Me escribió en mayo y junio de este año, intimidándome para que ingresara al procedimiento de Discovery, advirtiéndome que publicaría cosas en la prensa si no lo hacía. Informé a la PGE, pero lo único que hicieron fue atender los pedidos del alcalde”, relató.
Estas revelaciones abren nuevas interrogantes sobre el papel que juega la independencia de la Procuraduría y hasta qué punto las presiones políticas podrían comprometer la transparencia de las investigaciones.
La versión oficial de la Procuraduría
Pese a las denuncias, la PGE asegura que los procesos en curso no se verán afectados y que la defensa de los intereses del Estado continuará. El comunicado oficial menciona que la decisión responde a una “pérdida de confianza”, pero no detalla evaluaciones técnicas ni fundamentos claros que sustenten el cambio.
Para Carrión, esta explicación es insuficiente:
“La confianza tiene que tener una causa. ¿Por qué hasta la semana pasada la PGE respaldaba mi trabajo y ahora no? ¿Por un pedido del alcalde? Tiene que haber una motivación clara”, cuestionó.
El acta del Consejo Directivo de la Procuraduría confirma que se evaluaron los pedidos de López Aliaga, reforzando la versión de que existió injerencia política.
Renovación Popular niega las acusaciones
Por su parte, Renovación Popular difundió un comunicado calificando de “falsas” las declaraciones de la exprocuradora. Aseguran que López Aliaga actuó dentro de sus facultades como autoridad municipal y rechazan cualquier insinuación de presiones indebidas.
Sin embargo, la narrativa oficial no logra disipar las dudas. Para varios analistas, el hecho de que el partido del alcalde esté bajo investigación por Odebrecht alimenta la percepción de que la destitución responde a intereses partidarios.
¿Qué significa esto para el caso Lava Jato?
La salida de Carrión podría tener efectos directos en las estrategias legales contra las empresas implicadas y los actores políticos involucrados. El caso Lava Jato representa uno de los mayores escándalos de corrupción en la región y ha derivado en procesos penales contra expresidentes, altos funcionarios y partidos peruanos.
