La fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, visitó las sedes del Ministerio Público en Puno y Juliaca y constató graves carencias de infraestructura que ponen en riesgo la atención a la ciudadanía.
Durante su recorrido, Espinoza verificó que la mayoría de locales de las fiscalías son alquilados y no cumplen con las condiciones necesarias para brindar un servicio eficiente. Además, denunció que el presupuesto actual solo cubre lo mínimo, lo que dificulta el funcionamiento de las fiscalías especializadas.
“Denos los 81 millones”
En conferencia de prensa, la titular del Ministerio Público reiteró su pedido urgente de S/ 81 millones adicionales para garantizar la operatividad del sistema fiscal.
“Somos una buena gestión. Denos los 81 millones y se lo voy a demostrar a fin de año. Ya pasamos el 60% de ejecución presupuestal y vamos a llegar a la meta, a diferencia de otras entidades públicas”, declaró Espinoza.
La funcionaria destacó que, con esos recursos, se busca cubrir servicios básicos, reforzar las fiscalías especializadas y mejorar la infraestructura en regiones donde la demanda de justicia es cada vez mayor.
Fiscalías en condiciones críticas
La situación en Puno y Juliaca es particularmente preocupante. La falta de espacios adecuados limita la atención a los usuarios y afecta la investigación de casos complejos, como corrupción, crimen organizado y violencia familiar.
Espinoza señaló que el déficit presupuestal impacta directamente en la capacidad de respuesta del Ministerio Público y podría retrasar procesos claves que afectan a la ciudadanía.
“Necesitamos infraestructura propia, tecnología y más personal para atender a los ciudadanos como corresponde”, subrayó.
¿Qué está en juego?
El Ministerio Público advierte que, sin financiamiento adicional:
- Se compromete el funcionamiento de las fiscalías especializadas.
- Habrá retrasos en investigaciones penales.
- Se reducirá la atención a víctimas y la lucha contra el crimen organizado.
- La falta de infraestructura propia seguirá generando gastos elevados en alquileres.
Este escenario podría debilitar el acceso a la justicia en una región clave, donde las denuncias por corrupción y delincuencia han aumentado en los últimos años.
