El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, anunció que esta semana presentará en el Congreso de la República un proyecto de ley destinado a enfrentar los discursos de odio en el país. La iniciativa, según explicó, busca fomentar una cultura de paz en un contexto social marcado por la polarización y la violencia verbal.
La propuesta no contempla sanciones penales, pero abre la puerta a la regulación en el ámbito electoral, donde los candidatos podrían ser sancionados si incurren en discursos discriminatorios durante las campañas.
¿Qué plantea el proyecto de ley contra discursos de odio?
En declaraciones a RPP, Josué Gutiérrez explicó que el objetivo central de la norma es prevenir expresiones que promuevan la violencia, el racismo o la intolerancia. El proyecto no busca limitar la libertad de expresión, sino establecer parámetros que fortalezcan la convivencia democrática.
“Debe estar proscrito todo acto que fomente el odio. Eso no puede darse. Nosotros tenemos que fomentar una cultura de paz en un momento de encrispación social”, declaró el defensor.
La iniciativa plantea que los discursos de odio sean considerados prácticas contrarias a la democracia y, en el caso de campañas políticas, podrían generar consecuencias administrativas, como sanciones o restricciones en la participación electoral.
Libertad de expresión y prensa, en debate
Uno de los puntos más sensibles de la propuesta es su relación con la libertad de prensa y la libertad de expresión. Gutiérrez fue enfático en aclarar que la iniciativa no pretende censurar a los medios de comunicación ni interferir en el trabajo periodístico.
“El proyecto respeta los derechos fundamentales. No se trata de limitar la opinión, sino de marcar un estándar social que evite el fomento de la violencia y la discriminación”, precisó.
Expertos consultados consideran que la propuesta podría generar un debate sobre los límites entre el derecho a opinar y la necesidad de frenar mensajes que inciten al odio en espacios públicos y digitales.
¿Cómo se aplicaría en el ámbito electoral?
El defensor no descartó que la ley contemple mecanismos de sanción en el contexto de procesos electorales. Según adelantó, los postulantes a cargos públicos que utilicen mensajes de odio, racismo o discriminación en sus campañas podrían enfrentar medidas como la suspensión de propaganda o sanciones administrativas.
Esto responde a un fenómeno creciente en las campañas políticas del país, donde el uso de mensajes polarizantes se ha convertido en un recurso frecuente para ganar electores. “No podemos normalizar el insulto y la discriminación como herramientas políticas”, apuntó Gutiérrez.
Un contexto de crispación social
El anuncio llega en un momento en que el Perú atraviesa una etapa de alta polarización política y social. Desde las protestas del 2022 hasta las recientes campañas regionales, los discursos violentos y de odio han escalado en redes sociales y en espacios públicos.
Organismos internacionales como la ONU y la OEA han alertado que el crecimiento de estas expresiones debilita la democracia, normaliza la violencia y afecta la convivencia ciudadana. En ese marco, la propuesta de Gutiérrez busca alinear al Perú con iniciativas similares en otros países de la región.
¿Qué impacto tendría esta ley en la sociedad peruana?
De aprobarse, el proyecto podría convertirse en un instrumento preventivo para frenar la propagación de discursos que legitiman la violencia. Sin embargo, especialistas advierten que su implementación debe ser cuidadosa para no dar lugar a interpretaciones arbitrarias que restrinjan la crítica legítima.
El reto, según analistas, será encontrar el equilibrio entre proteger a la ciudadanía frente al odio y garantizar el pleno ejercicio de la libertad de expresión, un principio básico en toda democracia.
El proyecto de ley anunciado por el Defensor del Pueblo abre un debate crucial: ¿cómo enfrentar los discursos de odio en un país marcado por la polarización sin restringir la libertad de expresión? La respuesta quedará en manos del Congreso, que deberá evaluar la viabilidad de esta propuesta y su impacto en el sistema democrático.
En cualquier caso, la iniciativa pone sobre la mesa la urgencia de reducir la violencia verbal y política en el Perú, especialmente en el escenario electoral que se aproxima con miras al 2026.