El proceso electoral rumbo al 2026 en el Perú se ha visto seriamente cuestionado tras revelarse un escándalo de falsificación masiva de firmas que involucra hasta a 31 partidos de los 43 inscritos. Ciudadanos de distintas regiones denunciaron haber sido afiliados sin su consentimiento a organizaciones políticas, lo que desató una ola de reclamos ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). El caso más notorio es el del partido “Primero la Gente”, cuya inscripción habría incluido más de cinco mil firmas falsas, incluyendo registros de personas fallecidas.
No se trata, ni remotamente, del primer caso. Hubo una maquinaria de firmas falsas durante el gobierno de Alberto Fujimori, que inscribía nuevos partidos con cada elección. También saltaron con otros partidos como País Posible, la primera nomenclatura de Alejandro Toledo, comprometiendo seriamente a su gobierno al encubrir y favorecer a los encargados de hacer el trabajo. Sin ir más lejos, Enrique Chávez, como director periodístico de CARETAS acaba de testificar en la subcomisión de acusaciones constitucionales del Congreso con relación a las denuncias hechas hace seis años por las irregularidades en la inscripción del Partido Podemos, que en su momento evidenciaron el debilitamiento de una entidad que no puede tener atisbos de cuestionamiento, como es el caso de la ONPE.
Esta vez, según Reniec, más de 300,000 firmas presentadas por distintos partidos fueron observadas por inconsistencias o falsedad, lo que pone en duda la transparencia del sistema de inscripción. A esto se suma un problema estructural: la validación de firmas se realiza por muestreo, es decir, se revisa solo una parte del total entregado. Si esa muestra pasa el control, se da por válida toda la lista, lo que facilita la inscripción con firmas fraudulentas sin una revisión exhaustiva.
La situación expone un vacío crítico en la legislación electoral peruana. La actual Ley de Organizaciones Políticas no contempla sanciones severas o causales de anulación del proceso de inscripción en caso se detecten firmas falsas. Esto permite que los partidos continúen con sus trámites y accedan a beneficios electorales sin consecuencias significativas, incluso si se comprueba la manipulación del padrón de afiliados.
Frente al escándalo, la Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo han solicitado una reforma urgente del marco normativo y mayor control en el proceso de validación. Sin embargo, mientras no se actualice la ley ni se incorporen herramientas tecnológicas más robustas —como la verificación biométrica o la firma digital— el sistema seguirá siendo vulnerable. La falta de sanción rigurosa no solo debilita la confianza ciudadana, sino que pone en riesgo la legitimidad del proceso electoral en su conjunto.
Accesos irregulares a la base de datos del Reniec
Por otro lado, el Reniec presentó cerca de 50 denuncias por accesos irregulares a su base de datos por parte de funcionarios públicos de diversos ministerios, como el Interior, Trabajo, MIDIS y Salud, quienes realizaron miles de consultas sin justificación. Se detectaron patrones anómalos, como accesos masivos en horarios inusuales. Como respuesta, Reniec pidió a las entidades públicas depurar sus listas de usuarios autorizados y activó un “apagón digital” para suspender accesos no válidos. Además, se implementaron nuevos requisitos como el DNI electrónico, certificado digital y verificación facial. El Ministerio de Justicia ya emitió informes para abrir procesos sancionadores en 13 casos, y el Ejecutivo anunció medidas más estrictas para evitar filtraciones de datos sensibles.
