La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) exigió al Estado peruano la suspensión inmediata del trámite legislativo del proyecto de ley que propone conceder amnistía a militares, policías y miembros de comités de autodefensa procesados por violaciones de derechos humanos cometidas entre 1980 y 2000.
El requerimiento fue emitido en el marco de los procesos supervisados por la Corte en los emblemáticos casos Barrios Altos y La Cantuta, cuyas sentencias condenatorias establecieron la responsabilidad del Estado peruano por ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas durante el conflicto armado interno.
Una ley en cuestión
La solicitud de la Corte IDH se dirige directamente al proyecto de ley 7549/2023-CR, aprobado en segunda votación por la Comisión Permanente del Congreso el pasado 9 de julio. La iniciativa, promovida por el congresista Jorge Montoya —retirado almirante y exjefe de las Fuerzas Armadas—, busca amnistiar a efectivos de las fuerzas del orden y civiles implicados en crímenes de lesa humanidad durante las décadas de violencia política en el país.
La propuesta fue respaldada por las bancadas de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Renovación Popular, Podemos Perú y Honor y Democracia, a pesar de las advertencias de organismos nacionales e internacionales sobre su incompatibilidad con los estándares del derecho internacional de los derechos humanos.
Observaciones de la Corte IDH
El tribunal con sede en San José, Costa Rica, advirtió que el proyecto vulneraría directamente el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), ambos crímenes cometidos durante el gobierno de Alberto Fujimori y ejecutados por el grupo paramilitar Colina.
La Corte indicó que, de promulgarse la ley sin atender sus observaciones, el Estado peruano estaría incurriendo en un incumplimiento de las medidas provisionales vigentes en esos casos. Por ello, exigió que la iniciativa legislativa no continúe su trámite y que, en caso de ser promulgada, las autoridades se abstengan de aplicarla hasta que se evalúe su impacto legal en los procesos supervisados por el sistema interamericano.
Asimismo, la Corte IDH convocó a una audiencia pública para el próximo 21 de agosto, en la que participarán representantes del Estado, las víctimas de los casos mencionados y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Opinión de expertos de la ONU
De forma paralela, un grupo de expertos en derechos humanos de la ONU expresó su preocupación por la aprobación del proyecto de ley, al considerar que viola normas internacionales y contradice los compromisos asumidos por el Perú en materia de justicia y reparación.
En un pronunciamiento difundido esta semana, los especialistas recordaron que el derecho internacional prohíbe expresamente el uso de amnistías o indultos para crímenes de guerra, lesa humanidad o violaciones graves de derechos humanos. Alertaron, además, que si la ley entra en vigencia, afectaría más de 150 sentencias firmes y 600 procesos judiciales en curso.
“El proyecto impediría el procesamiento y sanción de personas responsables de graves violaciones durante el conflicto armado interno, lo que colocaría al Perú en una situación de clara inobservancia de sus obligaciones internacionales”, señalaron.
También enfatizaron que esta medida anularía los derechos de las víctimas y sus familias a obtener justicia, verdad y reparación, pilares fundamentales del derecho humanitario y del jus cogens.
Contexto y antecedentes
La iniciativa legislativa fue presentada en 2023 y ha sido objeto de fuerte controversia desde sus primeras etapas. La norma se plantea como una respuesta política desde sectores conservadores del Congreso, que consideran que los procesos judiciales contra militares constituyen una “persecución” y una “criminalización de la defensa nacional” durante los años del conflicto armado interno (1980–2000), principalmente contra Sendero Luminoso.
Sin embargo, las organizaciones de derechos humanos sostienen que el proyecto busca garantizar impunidad a responsables de delitos graves, muchos de ellos ya condenados en instancias judiciales nacionales e internacionales, incluyendo al expresidente Alberto Fujimori y a su asesor Vladimiro Montesinos.
En el caso Barrios Altos, 15 personas fueron ejecutadas extrajudicialmente por el Grupo Colina. En La Cantuta, nueve estudiantes y un profesor universitario fueron secuestrados y asesinados en circunstancias similares. Ambos casos motivaron sentencias de la Corte IDH en las que se estableció la responsabilidad del Estado y se ordenó reparación integral a las víctimas.
Reacciones en el plano nacional
Diversos sectores de la sociedad civil han expresado su rechazo a la ley. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) advirtió que se trataría de una “amnistía encubierta” para violadores de derechos humanos. Mientras tanto, colectivos de familiares de víctimas han anunciado movilizaciones y presentaciones de acciones legales en defensa de la memoria histórica.
En paralelo, juristas y exmagistrados han recordado que, según la Constitución Política del Perú y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, las sentencias de la Corte IDH son de cumplimiento obligatorio, por lo que el Estado estaría obligado a acatar la suspensión del trámite legislativo.
El Ejecutivo, hasta el momento, no ha emitido una posición oficial sobre si vetará o no la norma, pese a que la ONU instó al Gobierno peruano a ejercer su prerrogativa constitucional de impedir su promulgación.
Lo que está en juego
La discusión sobre esta ley va más allá de una decisión legislativa coyuntural. En el fondo, se confrontan dos visiones sobre el pasado reciente del país: una que busca justicia y memoria para las víctimas, y otra que propone el cierre de procesos judiciales en nombre de la reconciliación.
Sin embargo, el derecho internacional y las normas del sistema interamericano son claros: no puede haber reconciliación sin justicia, y la impunidad en crímenes graves constituye una violación en sí misma.
Próximos pasos
De acuerdo con el calendario de la Corte IDH, la audiencia pública del 21 de agosto será clave para definir si se amplían las medidas provisionales existentes o si se toman nuevas acciones ante la amenaza que representa la ley. La decisión que se adopte podría tener repercusiones en el marco normativo nacional, así como en la relación del Estado peruano con el sistema interamericano.
Mientras tanto, el país se encuentra frente a un nuevo dilema institucional: cumplir con sus obligaciones internacionales o avanzar con una ley que podría consolidar la impunidad de crímenes atroces cometidos durante uno de los capítulos más oscuros de su historia reciente.
